El representante de los usuarios de agua potable ante la Sunass, Luis Coral, cuestionó la baja ejecución presupuestal de las EPS de Huaraz y Chimbote, al advertir que no se vienen impulsando proyectos clave para garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico, especialmente en época de estiaje.
Coral informó que fue convocado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) como miembro del Consejo de Usuarios de la zona norte de Áncash, en una reunión donde participaron funcionarios de las EPS, entre ellos el jefe de Estudios y Proyectos y el gerente administrativo, además de representantes del organismo regulador.
Según detalló, durante la sesión se expuso que la EPS cuenta con un presupuesto de 21 millones de soles para ejecutar proyectos en el periodo 2023-2027; sin embargo, hasta la fecha solo se ha invertido el 35%, pese a que restan apenas dos años para culminar el quinquenio. “Hay dinero, pero la inversión es muy baja”, remarcó.
El representante de los usuarios expresó su preocupación porque no se evidencian proyectos orientados a asegurar el abastecimiento de agua durante la temporada de estiaje, cuando se registran racionamientos y baja presión en diversos sectores. En ese sentido, recordó que durante su gestión dejó encaminado un proyecto para captar aguas del río Auqui, iniciativa que —según indicó— no ha sido impulsada.
Asimismo, consideró prioritario mejorar las líneas de conducción y rehabilitar las plantas de tratamiento de Paria, Marián y Unchus, a fin de optimizar el servicio. Si bien reconoció avances en la instalación de micromedidores y macromedidores, insistió en que la principal demanda ciudadana es garantizar agua suficiente y de calidad.
Coral también subrayó que desde enero de este año se aplica un incremento tarifario del 6%, lo que supone mayores ingresos para la empresa prestadora. “Ahora tendrán más presupuesto; lo que falta es gestión y capacidad de gasto”, afirmó.
Además, sostuvo que el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional y los gobiernos locales tienen la potestad y responsabilidad de respaldar financieramente proyectos de saneamiento, incluso mediante convenios para ejecutar obras de mayor envergadura, como nuevas plantas de tratamiento, con el objetivo de proteger la salud y mejorar la calidad de vida de la población.