Abogado de la familia informa que Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva contra brigadier

El abogado de la familia de la suboficial desaparecida, Pedro Huacanca, informó que el Ministerio Público viene sustentando un requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra el efectivo policial detenido y su hermano, en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de secuestro.

“Se está solicitando nueve meses de prisión preventiva contra ambas personas”, declaró el letrado. No obstante, precisó que la audiencia fue reprogramada y se llevará a cabo mañana a las 10 de la mañana ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Según Huacanca, el pedido fiscal estaría respaldado por diversos elementos de convicción incorporados a la carpeta de investigación. “Existen medios probatorios suficientes”, afirmó, al mencionar que entre ellos se encuentran registros fílmicos y declaraciones testimoniales.

El abogado también indicó que el hermano del investigado declaró haber encontrado presuntos restos de sangre en el vehículo, información que —según señaló— forma parte de las diligencias realizadas por las autoridades. Añadió que se practicaron pericias para determinar la naturaleza de dichos hallazgos, cuyos resultados deberán ser confirmados oficialmente dentro del proceso.

Respecto a la situación del hermano del efectivo policial, Huacanca manifestó que el Ministerio Público lo considera presunto cómplice y que también se ha solicitado prisión preventiva en su contra. “Por el momento está en calidad de cómplice”, precisó.

En relación con una resolución anterior que declaró infundado un requerimiento previo, el abogado sostuvo que han presentado el recurso de apelación correspondiente para que sea evaluado por una instancia superior.

Mientras tanto, familiares de la suboficial permanecen en el frontis de la Corte realizando una protesta pacífica, pidiendo justicia.

Cabe recordar que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional cuya aplicación depende de la evaluación del juez, y que toda persona investigada mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.