Fiscales de Derechos Humanos denuncian llamadas amenazantes: provendrían del penal de Huaraz

La fiscal Rocío Príncipe Ascensos, integrante de la Fiscalía de Derechos Humanos con competencia en los distritos fiscales de El Santa y Áncash, confirmó que su despacho recibió una serie de llamadas amenazantes que habrían sido realizadas desde el penal de Huaraz. Los hechos ya son materia de investigación por parte de una Fiscalía Especializada Supraprovincial en Derechos Humanos, en coordinación con la Policía Nacional.

Según detalló la magistrada, las comunicaciones intimidatorias comenzaron el martes de la semana pasada y se extendieron durante aproximadamente siete días. “Han sido cerca de diez llamadas dirigidas al teléfono de turno y a celulares personales, en las que se advertía sobre un posible atentado contra la integridad del personal fiscal”, señaló.

Las llamadas, de acuerdo con la información preliminar, provendrían de teléfonos fijos del Establecimiento Penitenciario de Huaraz. No obstante, Príncipe Ascensos precisó que será la investigación la que determine con certeza la procedencia y responsabilidad de estos hechos.

El despacho afectado tiene competencia en todo el departamento de Áncash, tanto en la zona costa como en la sierra, y tramita casos emblemáticos relacionados con tortura y discriminación. “No podemos afirmar de qué caso específico derivan estas amenazas, pero sí hacen alusión directa al ejercicio de la labor fiscal”, explicó.

Ante la gravedad de los hechos, se informó a la Fiscalía Superior Coordinadora y se activaron los mecanismos correspondientes a través del Ministerio de Justicia para solicitar garantías personales. El pedido alcanza a los nueve integrantes de la Fiscalía de Derechos Humanos, dado que —según indicó la fiscal— el trabajo se realiza de manera conjunta y el riesgo es compartido.

Asimismo, se ha solicitado el resguardo de la Policía Nacional del Perú para prevenir cualquier afectación a la integridad física del personal. Aunque en los últimos días se ha observado patrullaje policial en los exteriores del local fiscal, hasta el momento no se ha comunicado oficialmente la adopción de medidas permanentes de seguridad.

Pese a las amenazas, la fiscal remarcó que el equipo mantiene su compromiso con la función pública. “La labor fiscal es riesgosa por la naturaleza de los casos que atendemos, pero estas acciones no van a inestabilizar nuestro trabajo. Estamos comprometidos con el servicio a la población”, afirmó.

Las investigaciones continúan a cargo de la instancia supraprovincial especializada, que deberá identificar a los responsables y determinar si existe vinculación con procesos judiciales en curso en las provincias de El Santa o Huaraz.