La minería ilegal de oro ha alcanzado dimensiones sin precedentes en el Perú. Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2025 las exportaciones de oro de origen ilegal superaron las 100 toneladas por primera vez, llegando a 104.3 toneladas, prácticamente igualando a las exportaciones legales (104.7 toneladas).
El estudio señala que casi la mitad del oro exportado desde el país provino de actividades ilícitas. Asimismo, el IPE estima que el valor de estas exportaciones ilegales superó los US$ 11,500 millones, lo que representa un incremento del 55% respecto al 2024, consolidándose —según el informe— como una de las economías ilegales más lucrativas del país.
El contexto internacional ha favorecido esta expansión. De acuerdo con el IPE, el precio del oro alcanzó un máximo histórico en 2025, con un promedio de US$ 3,400 por onza, y en lo que va de 2026 se registra un promedio cercano a US$ 4,800 por onza. Según proyecciones de JP Morgan y Reuters citadas en el informe, el precio podría mantenerse en torno a los US$ 4,400–4,500, lo que implicaría un alza de 30% frente al año anterior y haría aún más atractivo este mercado.
Impacto en Áncash y el país
Aunque Áncash es reconocido por su minería formal y proyectos de gran envergadura, el informe del IPE advierte que la expansión de la minería ilegal amenaza directamente la sostenibilidad de la región.
Según el documento, operaciones informales e ilegales se han extendido hacia áreas naturales protegidas, reservas indígenas, zonas arqueológicas y unidades mineras en operación, así como a proyectos en cartera que podrían dinamizar la economía regional y nacional.
En este contexto, proyectos valorizados en más de US$ 12 mil millones —como Michiquillay y Conga en Cajamarca, o Los Chancas y Haquira en Apurímac— enfrentan dificultades para avanzar, lo que limita la recuperación de la producción formal.
Asimismo, el IPE señala que la producción formal de oro en el país muestra una tendencia decreciente, pasando de 157 toneladas en 2002 a poco más de 99 toneladas en 2025, lo que representa una caída superior al 37%.
Este retroceso se explicaría, según el informe, por el agotamiento de reservas en yacimientos emblemáticos como Yanacocha y Lagunas Norte. En contraste, la producción de pequeños productores ha crecido de manera sostenida, pasando de 320 kilos en 2002 a cerca de 20 toneladas en 2025, multiplicándose significativamente. Sin embargo, el IPE advierte que este crecimiento también está asociado a mayores riesgos de informalidad y falta de control.
El rol del Reinfo y la falta de trazabilidad
De acuerdo con el informe, la minería ilegal se ha visto favorecida por el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo de vigencia fue prorrogado hasta diciembre de 2026.
Desde su creación en 2016, apenas el 2% de los casi 90 mil inscritos habría culminado el proceso de formalización, según cifras citadas por el IPE.
Además, el documento advierte que la exoneración de responsabilidad penal a los inscritos habría permitido la expansión de operaciones informales, incluso en territorios sensibles. En regiones como Áncash, esta situación generaría un riesgo adicional, como la convivencia entre proyectos formales y actividades ilegales, afectando la confianza en el sector y la seguridad de las comunidades.
El informe también alerta que la ausencia de mecanismos efectivos de trazabilidad del oro facilita que el mineral de origen ilegal ingrese a circuitos formales de comercialización.
Solo en 2025, según el IPE, se crearon en promedio tres nuevas empresas procesadoras y dos comercializadoras por día, tendencia que —advierte el documento— se habría duplicado en 2026. Este crecimiento ampliaría los canales de salida del oro ilegal hacia mercados internacionales, debilitando la capacidad del Estado para diferenciar entre lo legal y lo ilícito.
Un desafío urgente para Áncash
El IPE advierte que enfrentar la minería ilegal requiere un liderazgo claro y sostenido del Estado, que incluya medidas estructurales para recuperar el control en los territorios afectados.
Entre las principales propuestas del informe figuran:
- El cierre definitivo del Reinfo
- La recuperación de la presencia efectiva del Estado en zonas impactadas
- La implementación de una estrategia integral de trazabilidad del oro, con énfasis en plantas procesadoras y comercializadoras
En Áncash, donde la minería es un eje económico clave y convive con un importante patrimonio cultural y ambiental, el informe advierte que la expansión de la minería ilegal representa un desafío urgente para garantizar la sostenibilidad de los recursos y evitar que la economía regional quede atrapada en dinámicas de ilegalidad.