El colectivo PAS (País Seguro), que reúne a diversas organizaciones del sector privado, la sociedad civil y la academia, cuestionó el dictamen aprobado recientemente por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, al advertir que podría generar impactos negativos en la minería formal en el país.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que la iniciativa, lejos de fortalecer los procesos de formalización, podría facilitar el crecimiento de la minería informal e ilegal, así como de sus actividades vinculadas.
Según el pronunciamiento, la propuesta modifica el régimen de concesiones mineras y —afirman— podría acelerar la caducidad de concesiones formales, lo que desincentivaría la inversión en el sector.
En esa línea, el colectivo advierte que este escenario podría generar condiciones para la ocupación de concesiones por parte de minería informal o ilegal, con posibles impactos en la seguridad, el ambiente y la estabilidad económica.
Asimismo, señalan que una proporción significativa de concesiones invadidas estaría vinculada a la pequeña minería, e invocan al Congreso a evaluar este tipo de medidas con mayor rigor técnico y enfoque en la formalización.
Entre las organizaciones que integran el colectivo figuran gremios empresariales, cámaras de comercio, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al desarrollo económico y la gobernanza.
Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial del Congreso o de la Comisión de Energía y Minas frente a estos cuestionamientos.
El colectivo también hizo un llamado a priorizar políticas orientadas a la trazabilidad de minerales, el control de insumos y el fortalecimiento de la minería formal.
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