En medio de la campaña electoral, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que se encuentra en su etapa final de gestión, aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras y plantea cambios que, según especialistas, podrían afectar la estabilidad jurídica del sector.
Víctor Cutipa Ccama, presidente del grupo de trabajo y militante de Juntos por el Perú, impulsó su aprobación, agrupando nueve proyectos de ley que buscaban introducir cambios en este régimen.
El dictamen recoge propuestas contenidas en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, partido que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, quien ha expresado públicamente su respaldo a la pequeña minería y minería artesanal.
En ese documento se plantea priorizar el acceso a los medios de producción en la pequeña minería y minería artesanal, mediante esquemas de organización de trabajadores en cooperativas. En esa línea, se propone que las concesiones extinguidas pasen al control del Estado y sean entregadas a pequeños mineros asociados bajo ese modelo organizativo.
Sánchez plantea también reducir el plazo de caducidad de las concesiones, que actualmente puede extenderse hasta 30 años, a periodos más cortos. Según su propuesta, esto permitiría evitar la existencia de concesiones inactivas, promoviendo que las áreas sin actividad sean reasignadas a nuevos operadores.
El dictamen consolida además iniciativas presentadas por congresistas de distintas bancadas, entre ellos Alejandro Muñante (Renovación Popular), Edwin Martínez (Acción Popular), Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial), Roberto Sánchez y Wilson Quispe (Juntos por el Perú), así como Guido Bellido (Podemos Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre).
Desde bancadas como Renovación Popular, Perú Libre y Podemos Perú se han impulsado propuestas orientadas a la pequeña minería y minería artesanal, aunque especialistas señalan que no todas incorporan medidas específicas para enfrentar la minería ilegal.
Los cambios
El texto sustitutorio establece que las empresas mineras deberán suscribir acuerdos de participación en beneficios con comunidades ubicadas en su área de influencia directa. Estos acuerdos podrían incluir aportes a fondos comunales, programas de empleo o mecanismos de participación en instrumentos financieros.
Especialistas advierten que, en la práctica, esta disposición podría implicar la transferencia de parte del patrimonio empresarial sin mecanismos claros de compensación, lo que —según señalan— podría generar cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
Otro cambio elimina el carácter irrevocable de las concesiones mineras. Hasta ahora, una concesión solo podía revertirse si el titular incumplía obligaciones específicas. Con el dictamen, la autoridad administrativa podría revocar la concesión bajo nuevos criterios.
También se eleva hasta en 300% el derecho de vigencia de las concesiones y se incrementan las penalidades por no acreditar producción o inversión mínima. Al mismo tiempo, se reduce de 30 a 15 años el plazo para iniciar actividades.
Especialistas del sector señalan que esta reducción de plazos podría no considerar la complejidad de desarrollar proyectos mineros, cuya etapa exploratoria puede extenderse por varios años antes de contar con información geológica suficiente.
La norma también obliga a presentar un plan quinquenal de trabajo e inversión desde las primeras etapas de exploración, lo que —según advierten— podría generar incertidumbre en proyectos que aún no cuentan con información suficiente.
Durante el debate, la vicepresidenta de la comisión, Diana González, cuestionó un presunto direccionamiento en la agenda por parte de la bancada de Juntos por el Perú, lo que generó momentos de tensión en la sesión.
“Actuar al margen de la ley no es emprender. Los mineros ilegales contaminan, evaden impuestos, precarizan el trabajo y amparan la trata de personas. Este absurdo dictamen busca satisfacer caprichos ideológicos”, afirmó.
El Congreso también podría aplicar retroactivamente nuevos costos a concesiones ya otorgadas, lo que —según especialistas— podría entrar en conflicto con el principio constitucional de irretroactividad de la ley.
El debate sobre la minería informal en el Congreso
Mientras el Congreso discute medidas que, según sus impulsores, buscan fortalecer condiciones para la pequeña minería y minería artesanal, diversos análisis advierten que la minería ilegal continúa expandiéndose en el país.
Estudios citados por especialistas señalan que esta actividad mueve miles de millones de dólares al año y que, en algunos contextos, podría superar a otras economías ilícitas como el narcotráfico o la trata de personas.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2016, acumula miles de inscritos, de los cuales una proporción significativa aún no ha culminado su proceso de formalización. De acuerdo con cifras oficiales, más de 2 000 mineros han logrado formalizarse, lo que representa un porcentaje reducido del total.
El dictamen aprobado por la comisión deberá pasar ahora al Pleno del Congreso, donde será debatido y sometido a votación.