El Congreso busca cambiar el régimen de concesiones mineras, lo que, según análisis del sector, podría impactar el financiamiento de obras en regiones a través de la reducción de transferencias por canon y regalías. Reducir plazos, endurecer sanciones y encarecer las concesiones afectaría a las empresas y comprometería los recursos que llegan a gobiernos regionales y municipales, advierten especialistas.
Estos gobiernos reciben miles de millones de soles cada año. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), solo en 2025, las transferencias por canon, regalías y otros conceptos superaron los 10,045 millones de soles. De ese total, el canon aportó más de 6,992 millones y las regalías sumaron 2,687 millones.
Con ese dinero se financian carreteras, colegios, hospitales y sistemas de agua potable. Para muchas regiones, estos recursos representan hasta tres cuartas partes de su presupuesto. Áncash recibió cerca de 1,790 millones de soles en 2025. Le siguen Arequipa con 1,285 millones, Moquegua con 1,025 millones y Tacna con 978 millones.
El canon equivale al 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. La mitad se queda en el gobierno nacional y la otra se distribuye entre las regiones productoras. “Su adecuada orientación permite fortalecer la legitimidad del sector minero, consolidar una relación virtuosa entre actividad extractiva y desarrollo local, y sentar las bases para un crecimiento económico inclusivo”, señala el Minem.
Para que estos recursos lleguen, los proyectos deben desarrollarse y entrar en producción. Sin producción no hay impuesto a la renta; sin impuesto, no hay canon; y sin canon, se reducen los recursos disponibles para obras públicas.
Plazos reales y demoras
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), sacar adelante un proyecto minero puede tomar hasta 45 años desde el descubrimiento hasta la producción. Mientras que entre 1970 y 1990 tomaba en promedio 19.8 años, entre 2015 y 2025 ese tiempo se elevó a 39.2 años.
Estas demoras responden, principalmente, a retrasos en permisos y altos costos para mantener concesiones. Los plazos reales suelen superar los tiempos legales. Por ello, especialistas advierten que los cambios que impulsa la Comisión de Energía y Minas podrían agravar esta situación si se acortan los plazos de concesión, se elevan penalidades y se encarecen los proyectos.
Con dinero del canon y regalías se han financiado carreteras, hospitales, colegios y sistemas de agua y riego en la última década. El Minem reconoce que estas transferencias fortalecen la autonomía financiera de los gobiernos subnacionales y sostienen inversiones públicas.
Sin embargo, especialistas señalan que un régimen con mayores restricciones podría frenar nuevas inversiones, paralizar proyectos en exploración y desalentar nuevas operaciones. El impacto, advierten, podría sentirse en los próximos años en la disponibilidad de recursos para infraestructura básica, como hospitales, colegios y carreteras.