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Áncash: Contraloría designa jefes de control en 17 entidades públicas

La Gerencia Regional de la Contraloría General de la República informó que se han designado jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI) en 17 entidades públicas de Áncash, tanto en la zona costa como sierra, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión en la gestión pública.

Entre las instituciones comprendidas figura la Municipalidad Distrital de Independencia, donde se oficializó la designación de una nueva jefa del OCI, quien asumirá funciones a partir del lunes, tras la publicación de la resolución en el Diario Oficial El Peruano.

“Se han efectuado designaciones en 17 entidades. Una de ellas es la Municipalidad de Independencia, donde se ha designado a una profesional competente, previamente evaluada”, señaló el gerente regional, al destacar la trayectoria de la funcionaria en diversas instituciones del ámbito regional, incluyendo la Dirección Regional de Salud (Diresa).

Cambios en diversas entidades

Las designaciones también alcanzan a otras instituciones como la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam), la Municipalidad Provincial de Huaraz y la provincia de Carhuaz, entre otras, como parte de un proceso orientado a garantizar el correcto uso de los recursos públicos.

El funcionario precisó que, en algunos casos, se trata de reemplazos de jefaturas anteriores, mientras que en otros se ratifican cargos ya existentes, en el marco de la política institucional de control.

Fortalecimiento del control y prevención

Durante la presentación de la nueva jefa del OCI en Independencia, se destacó la disposición de las autoridades locales para trabajar de manera articulada con el órgano de control.

“Esperamos seguir trabajando con independencia, a través de los informes de control y recomendaciones para corregir oportunamente situaciones adversas”, indicó.

Asimismo, se enfatizó que la labor de los OCI no solo se centra en el control posterior, sino también en la prevención de irregularidades, evitando así posibles sanciones administrativas, civiles o penales contra funcionarios.

La Contraloría reiteró que estos cambios forman parte de las acciones para reforzar la vigilancia en el proceso de gestión pública y asegurar una administración transparente en beneficio de la ciudadanía.

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