Siete municipalidades distritales de Áncash no asignaron presupuesto ni recursos básicos para el funcionamiento de sus procuradurías en 2026, lo que pone en riesgo la defensa legal del Estado en esas jurisdicciones.
La alerta fue emitida por la Contraloría General de la República, que identificó esta situación en los distritos de Nepeña, Moro y Macate (provincia del Santa), así como en Huayán, Recuay, Santa Cruz y San Cristóbal de Raján.
Oficinas existen, pero sin capacidad operativa
Aunque estas municipalidades reconocen a la procuraduría dentro de su estructura orgánica, no le asignaron presupuesto ni herramientas básicas para operar, lo que limita su capacidad de respuesta frente a procesos judiciales, administrativos o penales.
Las procuradurías son responsables de defender a los municipios en conflictos legales. Sin recursos, no pueden asumir adecuadamente la representación del Estado, lo que podría derivar en fallos adversos y pérdidas económicas.
Obligación legal incumplida
De acuerdo con la normativa vigente, los alcaldes están obligados a garantizar el funcionamiento de estas oficinas, asegurando personal, presupuesto y condiciones mínimas de trabajo.
Sin embargo, la Contraloría advirtió que esta obligación no se estaría cumpliendo en estos distritos, lo que evidencia deficiencias en la gestión municipal.
Piden medidas inmediatas
Los informes ya fueron remitidos a las autoridades edilicias con la recomendación de adoptar acciones correctivas de inmediato.
Especialistas advierten que, sin una defensa legal adecuada, los municipios quedan expuestos a procesos complejos que pueden afectar directamente los recursos públicos y la gestión local.