Elecciones 2026
ONPE afirma que no tiene trabajadores extranjeros y envía informe a la JNJ
Entidad señala que sus 16,757 trabajadores cuentan con DNI peruano tras requerimiento oficial
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no cuenta con trabajadores extranjeros y que la totalidad de su personal posee Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta información fue remitida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como parte de un requerimiento formal.
Según el reporte, en la ONPE laboran 16,757 personas, todas con nacionalidad peruana. La entidad envió los datos mediante el oficio N.° 001302-2026-SG/ONPE, dentro del plazo establecido tras la solicitud presentada el 21 de abril.
Contexto del pedido
El requerimiento de la JNJ se realizó en medio de cuestionamientos públicos sobre la composición del personal en entidades del Estado. Frente a ello, la ONPE respondió que sus procesos de contratación exigen la presentación del DNI, documento que acredita la nacionalidad peruana.
En esa línea, la institución sostuvo que no registra personal extranjero en ninguna de sus modalidades de servicio, de acuerdo con la información oficial remitida.
Modalidades laborales
El informe detalla que el personal se distribuye en distintas modalidades:
En todos los casos, la ONPE indica que se trata de ciudadanos peruanos.
Alcance de la verificación
La entidad indicó que el DNI es un requisito obligatorio en los procesos de contratación, especialmente en la modalidad de locación de servicios. Este criterio sustenta la verificación de la nacionalidad del personal.
No obstante, el control se basa en la documentación presentada por los trabajadores, lo que pone en evidencia la importancia de mecanismos de validación y supervisión constantes dentro de las instituciones públicas.
Transparencia institucional
Con el envío de esta información, la ONPE busca transparentar la composición de su personal y atender los requerimientos de los organismos competentes. Asimismo, reafirma que cumple con los procedimientos establecidos para la contratación en el Estado.
El caso se da en un contexto de mayor escrutinio público sobre las entidades electorales, por lo que la entrega de información oficial resulta clave para sostener la confianza en las instituciones.
