La inseguridad en el Perú ya no es un fenómeno disperso. El norte y el centro del país concentran hoy los principales focos de violencia, pero no como hechos aislados: detrás operan economías ilegales que, según reportes y análisis del sector, ordenan, financian y expanden el delito.
El último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia confirma esta tendencia. La costa norte mantiene los mayores índices de homicidios, mientras que el eje central registra un crecimiento sostenido de extorsiones. En ambos casos, la violencia se superpone con actividades ilegales o informales.
De las 1,826 homicidios registrados en 2025, la mayoría fue cometida con armas de fuego, en contextos vinculados a sicariato y redes de extorsión. Es en apenas 50 distritos que se agrupa el 59 % de los homicidios fuera de Lima y Callao. Varios de esos distritos están en regiones del norte y el centro. Por ejemplo, en Pataz hubo 35 homicidios, en Piura 44, en Tumbes 33, en Pisco 17, en San Antonio de Putina 15, en territorios donde la violencia se conecta con economías ilegales que la sostienen.
Territorios con miedo
En la provincia de Pataz, en La Libertad, la minería ilegal ha configurado un escenario donde, según reportes de seguridad, operan redes vinculadas al sicariato y al control territorial. Bandas armadas disputan socavones, rutas y zonas de extracción. La extorsión a mineros, transportistas o comerciantes es parte del patrón, y un mecanismo de control.
En Cajamarca, especialmente en San Ignacio, el avance de la minería ilegal empieza a generar tensiones en un territorio históricamente agrícola. El café convive cada vez más con actividades mineras ilegales que traen consigo redes de financiamiento criminal, cobro de cupos y amenazas.
Aunque los niveles de homicidios no alcanzan aún los de la costa norte, los indicios de expansión del delito de extorsión, presencia de actores armados y conflictos locales podrían agravarse con el tiempo.
En lo que va del año, el escenario es más crítico. A la agroexportación se suma la presencia de minería informal en algunas zonas, sitios arqueológicos, lo que genera espacios de disputa y condiciones para la extorsión.
Además, la extorsión ha dejado de concentrarse en Lima. En el norte y centro crece asociada a economías que necesitan financiamiento rápido y control territorial, como la minería ilegal, transporte informal y comercio ambulatorio.
El “gota a gota”, el cobro de cupos y la amenaza constante son descritos por especialistas como parte de un mismo sistema delictivo.
Si bien un gran problema es que el aumento de denuncias no ha sido acompañado por una respuesta eficaz, la violencia no se explica solo por la ausencia de respuesta policial o judicial. Especialistas advierten que la expansión de economías ilegales crea condiciones que facilitan, encarecen y hacen rentable el delito. Mientras la minería ilegal y sus redes de criminalidad buscan ampliar sus operaciones sin control, también encuentran incentivos para expandir la extorsión y diversificar sus ingresos.
Enfrentar la inseguridad requiere enfrentar las economías criminales que sostienen el sistema ilegal. Sin cortar ese flujo de dinero, la violencia seguirá encontrando dónde anclarse