Áncash: condenan a exdirector por apropiarse de laptops escolares del programa “Una laptop por niño”

El Poder Judicial condenó a cinco años de pena privativa de libertad efectiva a Pedro Figueroa Plácido, exdirector de la Institución Educativa N.° 86573 “San Gregorio” de Huayllapampa, en Áncash, luego de ser hallado culpable del delito de peculado por apropiación de equipos tecnológicos entregados por el Estado para uso escolar.

La sentencia fue lograda por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, que demostró durante el juicio que el exdirector se apropió indebidamente de nueve laptops XO del programa educativo “Una laptop por niño”.

De acuerdo con la investigación fiscal, los equipos estaban destinados a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa; sin embargo, desaparecieron durante la gestión del ahora sentenciado sin que existiera una justificación documentada sobre su paradero.

Fiscalía acreditó apropiación de equipos

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales que permitieron acreditar que Pedro Figueroa Plácido no reportó el supuesto robo o pérdida de las laptops ante las autoridades correspondientes.

Además, el exdirector no logró sustentar el destino final de los equipos tecnológicos, generando un perjuicio económico al Estado y afectando directamente a los escolares beneficiarios del programa educativo implementado por el Ministerio de Educación.

El órgano jurisdiccional también dispuso el pago de una reparación civil por el daño patrimonial ocasionado, así como la inhabilitación del sentenciado para ejercer cargos públicos por un periodo de diez años.

Caso reabre debate sobre control de recursos educativos

El caso vuelve a evidenciar los problemas de control y supervisión en el manejo de recursos tecnológicos entregados a instituciones educativas públicas, especialmente en zonas rurales donde estos equipos representan una herramienta clave para el acceso a la educación.

Las autoridades señalaron que este tipo de sentencias busca sancionar actos de corrupción vinculados al uso indebido de bienes del Estado y garantizar que los recursos destinados al sector educativo lleguen efectivamente a los estudiantes.