El Perú ha vuelto a encontrarse frente a uno de esos momentos que ponen a prueba la fortaleza de sus instituciones. La segunda vuelta presidencial ha dejado un resultado tan estrecho que el país deberá convivir durante varios días con una realidad poco cómoda para una sociedad acostumbrada a exigir respuestas inmediatas: todavía no hay un ganador oficial.
La incertidumbre genera ansiedad. Es natural. Más aún cuando se trata de una elección presidencial que definirá el rumbo político y económico de los próximos años. Sin embargo, una democracia madura no se mide únicamente por la rapidez con la que se cuentan los votos. También se mide por la capacidad de sus ciudadanos y líderes para respetar los procedimientos cuando el resultado aún está en construcción.
El empate técnico que muestran los conteos rápidos no debe interpretarse como una victoria para nadie ni como una derrota para todos. Es simplemente la confirmación de que el país se encuentra dividido en dos grandes corrientes políticas y que la diferencia final será definida por los mecanismos previstos en la ley.
En este escenario, la responsabilidad de los candidatos es enorme. Tanto Roberto Sánchez como Keiko Sofía Fujimori tienen el deber democrático de actuar con prudencia. Cuando los márgenes son tan reducidos, el triunfalismo anticipado deja de ser una estrategia política para convertirse en un factor de tensión social. El país necesita serenidad, no proclamaciones prematuras.
La misma responsabilidad alcanza a los partidos políticos, a los líderes de opinión, a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Las redes sociales ya han demostrado su capacidad para amplificar rumores, teorías conspirativas y desinformación. En las próximas jornadas, la tentación de construir narrativas antes que certezas será enorme. Precisamente por ello, la prudencia se vuelve una obligación democrática.
A partir de ahora, la atención debe concentrarse en los canales institucionales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la responsabilidad de procesar y publicar los resultados oficiales con transparencia. El Jurado Nacional de Elecciones deberá resolver las impugnaciones y controversias que correspondan. Y ambos organismos tienen la oportunidad de demostrar que el sistema electoral peruano cuenta con la fortaleza suficiente para administrar un proceso tan ajustado.
Por supuesto, esta elección también deja lecciones pendientes. El país necesita seguir modernizando sus procesos electorales y reduciendo los tiempos que generan incertidumbre. Pero esa discusión deberá darse con serenidad y una vez concluido el proceso. Hoy la prioridad es otra: garantizar que la voluntad popular sea respetada y que los resultados finales cuenten con legitimidad.
La democracia no solo se pone a prueba el día de la votación.
También se pone a prueba en los días posteriores, cuando nadie gana todavía y todos están obligados a respetar las reglas del juego.
Es precisamente en esos momentos cuando se distingue una democracia sólida de una democracia vulnerable.
Los votos ya fueron emitidos. Ahora corresponde que hablen las instituciones.