Caraz: allanan colegio y viviendas por desaparición de equipos tecnológicos

La Fiscalía Anticorrupción de Áncash ejecutó allanamientos en diferentes inmuebles como parte de una investigación por la desaparición de 23 tablets pertenecientes a la institución educativa N.° 86523 San Miguel Arcángel de Llacshu, en Caraz.

Las diligencias comprendieron el registro de dos viviendas y de las instalaciones del colegio, con orden judicial de descerraje e incautación de bienes que podrían aportar al esclarecimiento del caso.

La investigación se desarrolla por la presunta comisión del delito de peculado doloso, debido a que los equipos tecnológicos formaban parte de los bienes públicos asignados al aula de innovación educativa.

Intervinieron viviendas y local escolar

El operativo fue dirigido por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash.

Las intervenciones se realizaron en los domicilios del director y de la tesorera del colegio, identificados con las iniciales O.P.A. y M.H.M., respectivamente. También se efectuó el registro de los ambientes de la institución educativa.

La diligencia contó con la participación de fiscales anticorrupción, agentes del Departamento de Investigación contra la Corrupción de la Policía Nacional y representantes de la Defensa Pública.

Incautaron celulares y documentos

Durante los registros, el Ministerio Público incautó teléfonos celulares, documentos, agendas, comprobantes de transacciones de dinero y otros objetos considerados relevantes para la investigación.

Estos elementos serán sometidos a revisión y análisis para establecer qué ocurrió con las 23 tablets y determinar si existió apropiación o uso irregular de los equipos.

La Fiscalía no informó que los dispositivos hayan sido recuperados durante el operativo.

Responsabilidades aún deben determinarse

Las diligencias forman parte de una investigación en curso y no constituyen una declaración de culpabilidad contra las personas comprendidas en el caso.

La Fiscalía continuará evaluando los objetos incautados, la documentación administrativa y otros elementos relacionados con la custodia de los bienes tecnológicos.

Las responsabilidades penales o administrativas deberán establecerse conforme avancen las investigaciones y mediante una decisión de las autoridades competentes.