Abogados y trabajadores de la Defensa Pública realizaron un plantón en señal de protesta para exigir el cumplimiento del pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones, además de rechazar proyectos del Ministerio de Economía que según indicaron buscarían fraccionar o limitar derechos laborales del régimen CAS.
Los manifestantes señalaron que el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), vigente desde el año 2009, ha implicado la reducción de derechos laborales para un aproximado de 340 mil trabajadores a nivel nacional, a quienes consideran en situación de desventaja frente a otros regímenes laborales del Estado.
Asimismo, indicaron que, pese a avances obtenidos tras años de demandas y movilizaciones, aún existen beneficios que no son reconocidos plenamente, como la escolaridad, y cuestionaron lo que consideran un retroceso en la política laboral estatal.
Los trabajadores también expresaron su rechazo a la posibilidad de nuevas medidas que, según afirmaron, desconocerían derechos ya reconocidos en normativas recientes, lo que ha generado movilizaciones en distintas regiones del país.
En el caso de Áncash, representantes de la Defensa Pública señalaron que el personal bajo régimen CAS constituye la mayoría de trabajadores, mientras que solo una mínima parte pertenece a otros regímenes laborales, lo que evidenciaría —según dijeron— la desigualdad en las condiciones de contratación dentro del sector público.
Los manifestantes exhortaron al Estado a garantizar un trato laboral digno y el respeto a los derechos adquiridos, señalando que continuarán con sus medidas de protesta si no se atienden sus demandas.