La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa obtuvo una sentencia condenatoria contra tres exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Santa, en la región Áncash, tras demostrar que participaron en el desvío de S/ 308 413.71 de recursos públicos destinados al pago de obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la comuna.
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se registraron entre septiembre de 2020 y febrero de 2022, periodo en el que los implicados habrían manipulado las fases de ejecución del gasto para generar excedentes presupuestales inexistentes y apropiarse de dinero del Estado. El caso fue procesado por el delito de peculado doloso agravado.
Sentencias e inhabilitación
El Poder Judicial impuso ocho años de pena privativa de la libertad efectiva, suspendida provisionalmente hasta que la sentencia quede firme, al exgerente de Planeamiento, Presupuesto e Informática, Sebastián Obregón, y al exasistente de la misma área, Víctor Ávila. Ambos también fueron inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos.
Asimismo, la exjefa de la Oficina de Contabilidad, Danai Franco, fue condenada a ocho meses de prisión suspendida, 20 jornadas de prestación de servicios comunitarios e inhabilitación por el mismo periodo, al ser hallada responsable del delito de peculado culposo.
Manipulación del presupuesto
Durante el juicio oral, el fiscal provincial Alejandro Martin Galloso Asencio sustentó que los exfuncionarios incrementaban de manera irregular las certificaciones presupuestarias por montos superiores a las obligaciones reales que mantenía la municipalidad.
Según la tesis fiscal, el dinero excedente era transferido de forma irregular a cuentas personales del entonces tesorero y de terceros ajenos a la entidad pública. Posteriormente, los recursos eran retirados en efectivo y distribuidos entre los involucrados, mientras permanecían impagos los aportes correspondientes a la ONP, EsSalud, las AFP y una entidad financiera.
Pruebas presentadas
La acusación fiscal se sustentó en un Informe de Control Específico de la Contraloría General de la República, que permitió rastrear el recorrido del dinero presuntamente desviado.
Además, la investigación incorporó el testimonio de un colaborador eficaz, registros de transferencias bancarias, conversaciones de WhatsApp y otros elementos probatorios que, según la Fiscalía, evidenciaron la coordinación entre los implicados y el incremento patrimonial registrado durante el periodo investigado.
Con esta sentencia, la Fiscalía Anticorrupción informó que fortalece las acciones emprendidas para sancionar los delitos contra la administración pública y proteger los recursos del Estado destinados a servicios y obligaciones laborales.