La minería ilegal avanza sobre reservas naturales, áreas de conservación y cuencas hídricas. Se han identificado casos de ecosistemas bajo amenaza en Arequipa, Puno, Huánuco, Loreto, Junín y Ucayali. Varios informes, intervenciones fiscales y periodísticas, así como monitoreos satelitales, muestran que la presión de esta actividad ilegal afecta estas áreas frágiles.
Sucede en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, en Arequipa. En los últimos años, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) realizó operativos contra campamentos y bocaminas dentro del área natural protegida. Según reportes oficiales, esa actividad obligó a realizar intervenciones contra la minería ilegal de socavón instalada en sectores de la reserva, que pone en riesgo ecosistemas altoandinos y recursos hídricos.
En Puno, La Rinconada continúa operando como uno de los más grandes enclaves de minería ilegal. Miles de mineros extraen oro en condiciones precarias, mientras las autoridades enfrentan dificultades para controlar una actividad que contamina, explota a obreros y se vincula con el crimen. Aunque la actividad se desarrolla fuera de un área natural protegida específica, su impacto alcanza cabeceras de cuenca y ecosistemas de montaña.
La Reserva Comunal El Sira, ubicada entre Huánuco, Ucayali y Pasco, es una de las áreas protegidas con mayor presencia de mineros ilegales. Dentro de la reserva y su zona de amortiguamiento se desarrollan actividades aluviales y operaciones clandestinas. No solo hay minería ilegal de oro, sino también cultivos ilícitos, tala ilegal e invasión de bosques en territorios indígenas amazónicos.
El Área de Conservación Privada Panguana, en Huánuco, también enfrenta actividades mineras ilegales. En la zona, reconocida por su biodiversidad amazónica, se han realizado intervenciones fiscales y alertas de organizaciones ambientales. Estas actividades afectan el bosque, generan conflictos sociales y exponen a riesgos a quienes denuncian la destrucción ambiental.
En Loreto, el Área de Conservación Regional Alto Nanay–Pintuyacu–Chambira se convirtió en uno de los principales focos de minería ilegal fluvial. Allí se detectaron infraestructuras mineras y dragas en la cuenca del Nanay, fuente de agua para la ciudad de Iquitos. Las autoridades realizaron operativos para destruir embarcaciones y maquinaria usada para extraer oro ilegal.
A pesar de estos esfuerzos y de los graves impactos registrados, de acuerdo con reportes periodísticos, autoridades reconocieron que se tramitaron solicitudes de concesiones mineras sobre el río Nanay. La medida ha generado cuestionamientos porque podría contradecir los esfuerzos para frenar la minería ilegal, desconoce el daño ambiental ya existente en la zona y entra en tensión con disposiciones que restringen el otorgamiento de concesiones en esta área.
Además de estos casos críticos, existen territorios donde la presión minera aumenta y preocupa. El Parque Nacional Yaguas, en Loreto, es un área amazónica vulnerable a la minería aurífera aluvial. Informes oficiales incluyen a Yaguas entre los territorios afectados por minería ilegal.
En Junín, el Área de Conservación Regional Huaytapallana enfrenta una presión similar en zonas cercanas al ecosistema glaciar. El Gobierno Regional de Junín anunció que solicitaría al Ministerio de Energía y Minas la exclusión de ocho registros mineros del Reinfo ubicados en la microcuenca del río Yurayacu. La preocupación se centra en los posibles impactos sobre las fuentes de agua que abastecen al valle del Mantaro.
Se sabe que la expansión de la minería ilegal ya alcanza áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento en distintas regiones, y que amenaza bosques, ríos, territorios indígenas y valiosos ecosistemas del Perú. Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales consideran que los esfuerzos de control y protección todavía resultan insuficientes frente al avance de esta actividad.