El fiscal Renato Arapa denunció públicamente que un abogado habría solicitado S/10 mil a una mujer investigada, utilizando su nombre y asegurando que el dinero serviría para obtener un supuesto favorecimiento dentro de un proceso penal tramitado por su despacho.
Según relató, tomó conocimiento del presunto pedido el 19 de enero de 2026, cuando la investigada acudió a su oficina acompañada de una nueva abogada. Durante la conversación, ambas le habrían informado que el abogado Guido Danilo Duarte Jácome solicitó el dinero indicando que estaba destinado al representante del Ministerio Público.
Arapa precisó que la mujer manifestó no haber entregado ninguna suma. Tras conocer el caso, aseguró que acudió el mismo día a la Fiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia por escrito.
Cuestiona archivo de la investigación
El fiscal indicó que la investigación fue posteriormente archivada bajo el argumento de que, al no haberse concretado la entrega del dinero, el delito no se habría consumado. Arapa discrepó con esta interpretación y sostuvo que los hechos deberían ser evaluados como una presunta tentativa.
Como sustento, mencionó pronunciamientos judiciales que, según explicó, consideran procesable la conducta de quien solicita una ventaja en nombre de una autoridad, aunque la persona requerida rechace la propuesta o no entregue el dinero.
También señaló que la investigada, su hija y la nueva abogada habrían declarado ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto pedido. No obstante, será la autoridad competente la encargada de determinar si existió responsabilidad penal.
Denuncia presuntas irregularidades en notificación
Arapa también cuestionó la forma en que habría sido notificado sobre la decisión de archivo. Explicó que, durante las primeras diligencias, las comunicaciones fueron enviadas a su despacho, correo o teléfono; sin embargo, la resolución final habría sido dejada bajo la puerta de su domicilio.
El fiscal afirmó que esta situación le habría impedido presentar oportunamente un recurso para que el archivo sea revisado por un fiscal superior. Por ello, solicitó la nulidad de la notificación y reclamó que se respete su derecho a la doble instancia.
Asimismo, señaló que una diligencia de constatación de domicilio habría sido comunicada con menos de un día de anticipación y realizada sin su presencia. Aclaró que no puede atribuir intenciones a los fiscales responsables, pero pidió que las presuntas irregularidades sean revisadas por los órganos de control del Ministerio Público.