El próximo gobierno tendrá poco margen para postergar decisiones sobre la minería ilegal. Para el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), los primeros cien días del nuevo gobierno, el de Keiko Fujimori, podrían ser decisivos para contener una actividad que, según esa institución, es la principal economía ilícita del país, porque mueve alrededor de US$ 11.500 millones al año.
El especialista del OMI, César Ipenza, dijo anteriormente que el nuevo gobierno deberá asumir que la minería ilegal ya no es solo un problema ambiental, sino que financia otras actividades criminales y genera violencia.
La principal recomendación es poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según el OMI, este mecanismo, creado para facilitar la formalización de pequeños productores, se convirtió en un instrumento utilizado por miles de mineros para continuar extrayendo oro sin cumplir exigencias ambientales ni legales. Por ello, el Observatorio considera que el nuevo gobierno debería establecer un régimen transitorio que conduzca al cierre definitivo del registro.
Otra prioridad consiste en eliminar el blindaje legal que hoy beneficia a quienes operan bajo el Reinfo. El año pasado, el Tribunal Constitucional recomendó retirar la exención de responsabilidad penal para los mineros inscritos en ese registro, pero esa recomendación no fue implementada. El Observatorio sostiene que el próximo gobierno debería establecer responsabilidades penales y civiles para quienes continúen explotando minerales en zonas prohibidas o incumplan las normas ambientales.
Las propuestas también apuntan a fortalecer las instituciones encargadas de combatir la minería ilegal. El OMI advierte que la Fiscalía carece de presupuesto para ejecutar operativos de interdicción en territorios dominados por organizaciones criminales. Sin recursos, sostiene, cualquier estrategia contra estas redes resulta insuficiente.
Asimismo, el Observatorio plantea reforzar los mecanismos anticorrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas (Minem), especialmente en la Dirección General de Formalización Minera, que arrastra denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes. Hace poco el Minem aprobó su nueva Política Antisoborno mediante la Resolución Ministerial N.° 232-2026, la cual, según el OMI, debería fortalecerse durante el próximo gobierno.
El OMI también propone aprobar una ley que elimine progresivamente el uso del mercurio hasta prohibirlo completamente en 2030. Asimismo, recomienda poner en funcionamiento el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para mejorar la trazabilidad del oro y dificultar la comercialización de minerales de origen ilegal.
Otra de las propuestas consiste en prohibir mediante decreto supremo la actividad minera en los ríos amazónicos, donde la extracción aurífera ha provocado una grave contaminación ambiental.
Sin duda, el gran reto del próximo gobierno será contener el avance de la minería ilegal antes de que siga consolidándose como una de las principales amenazas para la seguridad, la gobernabilidad y el ambiente en el país. Especialistas coinciden en que las medidas para enfrentar este problema están identificadas; el desafío será ejecutarlas con decisión y fortalecer la capacidad del Estado para hacerlas cumplir.