Un maletín que no pasó por los rayos X en el aeropuerto de Trujillo (La Libertad) permitió descubrir una operación de lavado de activos. En agosto de 2022, Sonia Mallqui de la Cruz intentó abordar un avión con destino a Chagual, en Pataz, con sobres de manila que contenían S/ 1 733 277 en efectivo. La dueña del dinero, señaló Mallqui, era Orlando Tumbajulca, un minero en proceso de formalización.
Cuatro años después, en abril de 2026, el Poder Judicial condenó a 25 años de cárcel a Tumbajulca y a Mallqui por lavado de activos. Ambos están prófugos. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo probó que el dinero provenía de la venta de oro de procedencia ilícita y que Tumbajulca utilizó su Reinfo para darle apariencia de legalidad.
El proceso fue así. Tumbajulca, gracias a su Reinfo, acopió mineral de mineros ilegales en Pataz. Luego, lo vendió como si hubiera sido extraído de su concesión autorizada, la mina Río Bravo. Pero el dueño de esa concesión dijo que no tenía ningún vínculo con su mina y aseguró que en ella no se extrae oro.
Así, un Reinfo bastó para que el oro fuera vendido a una planta procesadora o de beneficio, se efectuara el pago de casi S/ 2 millones al minero con Reinfo y el dinero fuera depositado en una cuenta bancaria. Aunque la transacción fue bancarizada, los jueces concluyeron que «el dinero incautado tiene una procedencia ilícita vinculada a la minería ilegal».
Este caso muestra, una vez más, que algunas plantas procesadoras constituyen uno de los eslabones de la minería ilegal. Diversos estudios estiman la existencia de cerca de 400 plantas a nivel nacional. En su mayoría operan en el sur y la costa. Hay plantas en Junín, Puno, Ayacucho, Pasco y Apurímac, así como en Arequipa, La Libertad, Áncash, Lima e Ica. Solo en La Libertad, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) registró 38 plantas. Entre Nasca (Ica) y Chala (Arequipa) existen instalaciones industriales con pozas de relaves, algunas que no figuran en los registros oficiales, según investigaciones recientes.
Según especialistas y reportes oficiales, muchas de estas plantas operan con mecanismos de trazabilidad insuficientes o limitados. Por ello, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a través de su jefa Marilú Llerena, anunció meses atrás una mayor supervisión a las plantas que acopian material minero.
De acuerdo con Iván Arenas Ramírez, director de la consultora Diálogo Social, la mayoría de las plantas procesadoras compra oro a terceros. Al hacerlo, muchas veces verifican únicamente si el productor tiene Reinfo vigente, pero no el origen del mineral. Por eso, explica Arenas, pueden afirmar que «yo le compré al minero con documentos», aunque ello no garantiza la procedencia legal del oro.
Esto se relaciona con el incremento de oro exportado sin que se precise plenamente su origen. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), más del 40 % del oro vendido por canales formales al extranjero no tiene un origen conocido. Se trata de más de 100 toneladas comercializadas gracias a plantas de procesamiento y productores inscritos en el Reinfo.