El expresidente del Congreso Fredy Otárola cuestionó la actuación de los magistrados que participaron en el proceso judicial contra Ollanta Humala y consideró que deberían investigarse las responsabilidades derivadas de la condena que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Durante una entrevista, Otárola sostuvo que el proceso contra el exmandatario vulneró principios básicos del derecho penal y afirmó que los hechos relacionados con los aportes de campaña de 2006 y 2011 no estaban tipificados como delito en el momento en que ocurrieron.
El Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de hábeas corpus a favor de Humala, anuló la condena de 15 años de prisión y ordenó el archivo del proceso penal relacionado con los aportes de campaña. El fallo consideró vulnerados los principios de legalidad y tipicidad.
Otárola cuestiona actuación de magistrados
Otárola sostuvo que debería determinarse si existieron responsabilidades por parte de los jueces que participaron en las decisiones que mantuvieron privado de su libertad al expresidente.
El exparlamentario utilizó términos severos para cuestionar dichas actuaciones e incluso planteó que algunos magistrados deberían explicar si existieron coordinaciones externas durante el proceso.
Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por Otárola y no constituyen conclusiones judiciales sobre la conducta de los magistrados.
Cabe señalar que, antes del reciente fallo del TC, el Ministerio Público ya había iniciado una investigación preliminar contra los jueces Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Bengoa, integrantes del colegiado que condenó a Humala y Nadine Heredia. Las diligencias fueron abiertas por presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato y otros, sin que ello implique que exista responsabilidad determinada.
Considera que libertad de Humala debe ejecutarse sin demora
Otárola también sostuvo que, luego de la decisión del Tribunal Constitucional, corresponde ejecutar la liberación del expresidente.
“Si todo es nulo, si no es delito, ¿qué hace detenido?”, cuestionó durante la entrevista, al señalar que la defensa ya había solicitado ejecutar la decisión y archivar el proceso.
El reciente fallo del TC dejó sin efecto la condena y dispuso el archivo del proceso; su ejecución corresponde a las instancias judiciales competentes.
Otárola agregó que, desde su perspectiva, el proceso produjo consecuencias personales y familiares que no pueden ser reparadas únicamente con la anulación de la sentencia.