El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra un hombre de 27 años investigado por la presunta tenencia ilegal y comercialización clandestina de explosivos en Casma.
La medida fue solicitada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma luego de que el investigado fuera detenido el pasado 5 de agosto, cuando se desplazaba a bordo de un vehículo por inmediaciones de la carretera de acceso al río Loco.
De acuerdo con la información fiscal, la intervención se produjo luego de que la Policía recibiera información sobre el traslado de material explosivo que tendría procedencia ilegal.
Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron 300 cartuchos de dinamita marca Famesa Emulnor 5000, además de un rollo de mecha detonante y tres cajas de fulminantes comunes.
El material era trasladado, según la investigación, sin la autorización correspondiente de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC). Asimismo, fueron incautados equipos celulares, que posteriormente fueron incorporados a las diligencias de investigación.
Fiscalía investiga presunta comercialización
Como parte de las diligencias, y luego de obtener autorización para revisar la información contenida en los celulares, los investigadores encontraron conversaciones que, según la Fiscalía, estarían relacionadas con la presunta venta de material explosivo.
La información encontrada en los equipos también incluiría registros de pagos realizados mediante Yape y depósitos a una cuenta bancaria, elementos que forman parte de la investigación para determinar si existieron operaciones anteriores vinculadas al material explosivo.
Durante la audiencia en la que se evaluó la prisión preventiva, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción que, según su tesis, vincularían al investigado con los hechos investigados.
El Poder Judicial dispuso que el investigado permanezca nueve meses bajo prisión preventiva mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer la procedencia de los explosivos, su presunta finalidad y la eventual participación de otras personas.
La prisión preventiva no determina responsabilidad penal y la investigación continuará hasta que las autoridades establezcan los hechos y las responsabilidades que correspondan conforme a ley.