Áncash: Municipio de Independencia niega haber recibido fondos del MEF para puentes
Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia señalaron que los recursos mencionados para nueve proyectos de puentes no constituyeron una transferencia financiera adicional del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Municipalidad Distrital de Independencia rechazó las versiones difundidas en redes sociales que señalan una presunta malversación de recursos destinados a la ejecución de nueve puentes. Durante una conferencia, funcionarios de la comuna afirmaron que la entidad no recibió una transferencia financiera adicional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para estos proyectos.
El gerente municipal sostuvo que las acusaciones difundidas públicamente son falsas y que, como responsable administrativo de la entidad, consideró necesario explicar el procedimiento presupuestal seguido y precisar el origen de los recursos que podían ser incorporados al presupuesto municipal.
Ley autorizó modificaciones presupuestales
El responsable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Geancarlo Gamarra, explicó que la municipalidad actuó al amparo de la Ley N.° 32732, publicada el 19 de julio, que autoriza a los gobiernos regionales y locales a incorporar determinados mayores ingresos públicos a sus presupuestos, bajo las condiciones establecidas por la norma.
Precisó que el artículo 27 permite realizar incorporaciones y modificaciones presupuestarias con recursos determinados, entre ellos los provenientes del canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, además de impuestos municipales, siempre que existan mayores ingresos y disponibilidad financiera.
Según explicó, esta autorización no significó que el Gobierno Nacional haya transferido recursos adicionales a la Municipalidad de Independencia.
MEF confirmó que no hubo transferencia adicional
Gamarra señaló que, tras revisar la situación presupuestal, la municipalidad advirtió que los montos considerados en los anexos de la norma no habían ingresado como una nueva asignación financiera a las cuentas de la entidad.
Por ello, mediante un informe de fecha 18 de agosto, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto solicitó una aclaración al Ministerio de Economía y Finanzas. La consulta fue remitida a la Dirección General de Presupuesto Público.
De acuerdo con la respuesta recibida por la municipalidad, los montos establecidos en los anexos de la Ley N.° 32732 no constituyen una transferencia financiera adicional, sino una autorización legal para que los gobiernos regionales y locales incorporen en sus presupuestos los mayores ingresos estimados que perciban durante el año fiscal 2026.
En ese sentido, el funcionario remarcó que la norma habilita a las entidades a realizar modificaciones presupuestarias dentro de su propia estructura, siempre que cuenten con los recursos correspondientes.
Municipalidades pueden priorizar su cartera de inversiones
La explicación también comprendió el numeral 27.5 de la misma ley, que permite a los gobiernos regionales y locales efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para priorizar su cartera de inversiones.
Según la municipalidad, estas modificaciones pueden orientarse, entre otros fines, a intervenciones vinculadas con la mitigación de los efectos del fenómeno El Niño, pero requieren contar con respaldo financiero.
Gamarra agregó que la segunda remesa de canon correspondiente a la municipalidad ingresó el 1 de julio, mientras que la Ley N.° 32732 fue publicada posteriormente, el 19 de julio. Por ello, sostuvo que no sería posible afirmar que la entidad recibió una transferencia específica en aplicación de dicha norma.
Asimismo, explicó que la programación del canon forma parte del proceso presupuestario anual y que los recursos proyectados para un determinado ejercicio se reflejan posteriormente en el presupuesto institucional.
Municipalidad evalúa acciones legales
Durante la conferencia, el representante de la Oficina General de Asesoría Jurídica señaló que, tras revisar la documentación técnica y administrativa, se habría advertido que el procedimiento seguido por la municipalidad se encuentra conforme a la normativa vigente.
Indicó que dicha oficina evaluará la documentación y recomendará a la alta dirección las medidas que correspondan frente a las publicaciones y acusaciones difundidas en redes sociales.
El funcionario señaló que, de determinarse la existencia de afirmaciones sin sustento que afecten la imagen de la institución, podrían iniciarse acciones legales. No obstante, precisó que corresponderá realizar el análisis jurídico respectivo para determinar, de ser el caso, qué tipo de responsabilidad podría existir.
La municipalidad sostuvo finalmente que la información presupuestal puede ser consultada mediante las herramientas de transparencia disponibles y que busca aclarar el procedimiento seguido para evitar interpretaciones que, según sus funcionarios, no corresponden con la situación financiera de la entidad.
