La institución educativa inicial N.° 420-3 Antonio Raimondi se encuentra ante un posible desalojo del predio que ocupa desde el año 2017, situación que genera preocupación por la continuidad de las clases y la seguridad de los aproximadamente 150 estudiantes que asisten en los turnos de mañana y tarde.
La directora del plantel, Ruth Torres, señaló que han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo para prevenir posibles afectaciones a los menores ante un eventual lanzamiento.
Sin lugar definido para continuar las clases
Torres explicó que la institución educativa no forma parte del proceso judicial relacionado con el predio, aunque figura en la sentencia debido a que ocupa parte del terreno. Frente a este escenario, indicó que también solicitaron a la UGEL la elaboración de un plan de contingencia.
Sin embargo, hasta el momento no cuentan con una respuesta sobre el lugar al que serían trasladados los estudiantes si se ejecuta el desalojo.
La directora señaló que esta situación mantiene preocupados a los padres de familia, debido a que el plantel no dispone actualmente de otro espacio donde continuar con el servicio educativo.
Solicitan terreno al Gobierno Regional
Ante la posibilidad de quedar sin local, la institución presentó una solicitud al Gobierno Regional de Áncash para acceder a un terreno que permita garantizar la continuidad de las actividades educativas.
Según explicó Torres, el pedido fue presentado ante la Comisión de Educación y la Gerencia de Desarrollo Social. Hasta el momento, indicó, permanecen a la espera de una respuesta.
La directora también descartó retornar al antiguo local de la institución, debido a que, según señaló, el lugar se encuentra declarado como altamente vulnerable y ya no reuniría condiciones adecuadas para atender a la actual población estudiantil.
Torres recordó que cuando comenzaron a utilizar el actual predio, en 2017, contaban con alrededor de 30 estudiantes. Actualmente, la población alcanza aproximadamente los 150 alumnos, por lo que un eventual traslado requiere, según sostuvo, una alternativa que permita garantizar la continuidad del servicio educativo.