Áncash registra la quinta mayor tasa de denuncias por extorsión del país

El Instituto Peruano de Economía señaló que, Áncash se ubicó entre las regiones con mayor incidencia de denuncias por extorsión durante el último año móvil, comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. En ese periodo, la región registró una tasa de 82.7 denuncias por cada 100 mil habitantes, la quinta más alta del país.

La cifra representa un incremento considerable respecto a 2020, cuando la tasa regional era de 11.7 denuncias por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con el análisis, el indicador actual es 7.1 veces mayor que el registrado hace seis años.

El comportamiento de las denuncias por extorsión forma parte de un escenario más amplio de inseguridad en la región. Durante el mismo periodo, Áncash registró 4,254 denuncias por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 3,487 y en el noveno lugar entre las regiones con mayores tasas.

Chimbote, Nuevo Chimbote y Huaraz concentran denuncias

La distribución territorial de las denuncias por extorsión tampoco es uniforme. Siete de cada diez denuncias registradas en Áncash se concentraron en los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote y Huaraz, según el análisis.

El informe también señala que la tasa regional de homicidios llegó a 56.3 por cada 100 mil habitantes entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Este indicador también se encuentra por encima del promedio nacional y equivale a 1.7 veces el nivel registrado en 2020.

Aumentan denuncias relacionadas con minería ilegal

El análisis incorpora además la evolución de las denuncias por minería ilegal. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, Áncash registró una tasa de 13 denuncias por cada 100 mil habitantes, frente a las 6.4 registradas en 2020.

Esto representa aproximadamente el doble del indicador de hace seis años y coloca a la región por encima del promedio nacional, que fue de 9.5 denuncias por cada 100 mil habitantes.

En este caso, Chimbote, Nuevo Chimbote y Huaraz concentraron conjuntamente el 27.3 % de las denuncias por minería ilegal registradas en Áncash durante el periodo analizado.

El informe también aborda la situación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Tras la depuración realizada durante 2025, el Ministerio de Energía y Minas reportó que 271 inscritos de Áncash se encontraban suspendidos, cifra equivalente al 21.8 % del total regional.

Menores recursos para orden público y seguridad

El análisis también pone atención sobre los recursos destinados a enfrentar la inseguridad. Según los datos presentados, el presupuesto asignado a Áncash para orden público y seguridad se redujo 38 % en términos reales, hasta alcanzar S/593 millones en 2026.

A ello se suma el nivel de ejecución presupuestal. Al corte señalado en el informe, durante septiembre se había ejecutado alrededor del 60 % del presupuesto, por debajo del promedio nacional de 65.6 %.

El comportamiento presupuestal se produce mientras los indicadores de denuncias por extorsión, homicidios y minería ilegal muestran niveles superiores a los registrados años atrás.

Competencias de gobiernos locales y regionales

El análisis también identifica las competencias que tienen los gobiernos subnacionales frente a este escenario.

Las municipalidades tienen entre sus funciones relacionadas con la seguridad ciudadana el fortalecimiento del serenazgo, la identificación de zonas de riesgo y la coordinación de acciones con la Policía Nacional.

En el caso del Gobierno Regional, entre sus responsabilidades se encuentran la articulación de intervenciones, la ejecución de inversiones vinculadas a seguridad y acciones de prevención. El informe también señala su participación en la fiscalización de la pequeña minería y la minería artesanal, dentro del marco de sus competencias.

Los datos corresponden al periodo comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 y permiten observar la evolución de distintos indicadores de seguridad en Áncash frente a los registros de 2020.