El fallecimiento de Olimpia Pachas, una de las personas que resultó herida durante el atentado contra la candidata Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, abre un nuevo escenario jurídico en la investigación. Para el abogado penalista Óscar Durán, la muerte de una segunda víctima obliga a diferenciar las circunstancias de este resultado respecto del ataque dirigido contra la candidata.
Durán explicó que la investigación por la muerte de Aponte Polo fue planteada inicialmente bajo la figura de homicidio por encargo o sicariato. Sin embargo, sostuvo que esta calificación requiere acreditar elementos específicos, entre ellos la existencia de un encargo y la finalidad que habría motivado el ataque.
“No puedo hablar de un homicidio por encargo si no se sabe quién encargó y cómo encargaron”, señaló.
El abogado también diferenció esta figura del homicidio agravado por lucro, otra modalidad que, según explicó, contempla una finalidad económica. A su criterio, ambas figuras tienen elementos particulares que deben ser establecidos por el Ministerio Público antes de definir una imputación.
¿Qué calificación podría tener la muerte de la segunda víctima?
Respecto al fallecimiento de Pachas, Durán sostuvo que la Fiscalía tendría que realizar un análisis independiente, debido a que, según su interpretación de los hechos, la mujer no habría sido el objetivo del ataque.
“Esta sería solo un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque ella no ha sido ni el objetivo, ni ha sido el blanco del atentado”, afirmó.
El abogado explicó que, desde su perspectiva, los disparos habrían estado dirigidos contra Aponte Polo y la segunda víctima habría resultado afectada como consecuencia de ese ataque. Por ello, consideró que podría evaluarse una figura de homicidio culposo, aunque remarcó que esta no constituye una calificación definitiva.
La determinación corresponderá al Ministerio Público, que deberá establecer qué delito corresponde imputar a partir de los elementos de convicción reunidos durante la investigación. Posteriormente, será el juez de investigación preparatoria quien controle la legalidad y pertinencia de dicha imputación dentro del proceso.
Durán también explicó que un mismo hecho puede generar consecuencias jurídicas distintas y que, en ese escenario, la Fiscalía tendría que analizar si corresponde aplicar las reglas del concurso de delitos.
Otro punto señalado por el abogado está relacionado con una eventual prisión preventiva. Según explicó, si la nueva imputación correspondiera a un delito culposo con una pena que no permita cumplir los requisitos legales de esta medida, la Fiscalía tendría que considerar esa circunstancia al formular su requerimiento.
El especialista insistió en que la investigación deberá delimitar con precisión qué conducta se atribuye a los investigados y qué elementos sustentan cada imputación, especialmente ahora que el atentado suma una segunda víctima mortal.