Una persona con problemas de salud mental lleva cuatro meses en las instalaciones de la Policía Judicial sin ser trasladada al hospital psiquiátrico Larco Herrera, en Lima, pese a que existe una orden judicial de internamiento, según denunció el abogado Hitler Leiva Terreros, quien asumió su defensa en un proceso procedente de Huari. El letrado cuestionó la demora en concretar el traslado y pidió a las autoridades competentes adoptar medidas para cumplir la disposición judicial.
De acuerdo con Leiva Terreros, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) inicialmente habría señalado que no contaba con espacio para recibir a la persona. Posteriormente, se habría dispuesto que permaneciera en la Policía Judicial mientras se coordinaba su traslado al establecimiento de salud; sin embargo, hasta la fecha de sus declaraciones, este no se había concretado.
“Son cuatro meses y efectivamente está en un abandono de quién lo va a llevar”, manifestó el abogado, quien cuestionó la falta de una respuesta definitiva sobre qué institución asumirá el traslado.
Traslado pendiente pese a orden judicial
El abogado explicó que el caso corresponde a una persona con un diagnóstico relacionado con la esquizofrenia, cuya situación habría sido evaluada por una junta de psiquiatras. Precisó que el juzgado de Huari ordenó su internamiento y que el destino previsto es el hospital Larco Herrera, en Lima.
Leiva Terreros sostuvo que la permanencia en la Policía Judicial resulta preocupante debido a que estas instalaciones no estarían destinadas a brindar atención psiquiátrica especializada.
“Una persona con situación especial no puede estar en un área donde efectivamente no hay profesionales en la materia”, señaló.
El letrado indicó que la demora también ocasiona gastos y preocupación a los familiares, quienes esperan que se concrete el ingreso al establecimiento de salud.
Pide intervención de las autoridades
Ante la falta de una solución, el abogado afirmó que se comunicó con la Fiscalía de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, señaló que acudió al jefe de la Policía Judicial para solicitar información y que este se comprometió a realizar coordinaciones con el responsable de dicha dependencia.
“La justicia tiene que ser para todos”, expresó Leiva Terreros, quien pidió que se agilice el traslado a Lima y advirtió que, de no obtener una respuesta, insistirá ante la Fiscalía de Derechos Humanos.
Hasta el momento, la información proporcionada corresponde a las declaraciones del abogado defensor. No se cuenta con una versión oficial del INPE, de la Policía Judicial ni de las autoridades responsables del cumplimiento de la orden judicial que permita precisar las razones de la demora y la fecha prevista para el traslado.