Nuevas disposiciones sobre legítima defensa, sanciones vinculadas a la extorsión y delitos informáticos, así como la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales, forman parte de los cambios legales aprobados por el Poder Ejecutivo. Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos legislativos 1742, 1743 y 1744, publicados en el diario oficial El Peruano el 8 de noviembre de 2026.
Las normas se emitieron al amparo de la Ley N.° 32743, mediante la cual el Congreso delegó facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario para legislar en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño.
A continuación, estos son los principales cambios establecidos en cada disposición.
1Fuerzas Armadas podrán apoyar en la seguridad externa de los penales
El Decreto Legislativo N.° 1742 regula la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios comprendidos en una declaratoria de estado de emergencia.
La norma permite que el personal militar realice labores de vigilancia y patrullaje en los perímetros de los penales, establezca anillos de seguridad, proteja vías de acceso y puntos críticos, y apoye en los controles de ingreso de personas y bienes.
También contempla acciones para detectar e interceptar drones no autorizados, instalar inhibidores y detectores de señales de telecomunicaciones, así como apoyar en la identificación y retiro de antenas y repetidores ilegales.
La intervención debe realizarse en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP), respetando las competencias de cada institución. La seguridad interna de los establecimientos penitenciarios continúa bajo responsabilidad del INPE.
Además, el decreto modifica la Ley N.° 30740, que regula el uso de aeronaves pilotadas a distancia, para incluir a los establecimientos penitenciarios y sus zonas restringidas entre los espacios donde no se autorizan sobrevuelos, salvo autorización excepcional de la autoridad competente.
Cambian las reglas para quienes actúen en legítima defensa
El Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, referido a la legítima defensa.
Uno de los principales cambios es que se presume que una persona que actúa en legítima defensa utilizó racionalmente los medios para impedir o repeler una agresión actual, ilegítima y real. Corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario.
Asimismo, se excluye el criterio de proporcionalidad de medios para evaluar la necesidad racional de la defensa. En su lugar, deberán considerarse factores como la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del atacante, los medios disponibles para defenderse y los bienes jurídicos protegidos.
La norma también establece que la actuación debe evaluarse desde la perspectiva de quien ejerció la defensa y según las circunstancias existentes al momento de la agresión.
Otro cambio alcanza a las decisiones judiciales: toda resolución que descarte la presunción de racionalidad deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
En el ámbito fiscal, se incorpora una disposición al Código Procesal Penal para que, cuando se investigue una posible actuación en legítima defensa, el fiscal se pronuncie de manera definitiva. Si verifica que concurren todos los requisitos legales, deberá declarar que no corresponde formalizar ni continuar la investigación preparatoria y ordenar el archivo de lo actuado.
Nuevas sanciones relacionadas con extorsión, armas y delitos informáticos
El Decreto Legislativo N.° 1744 introduce modificaciones al Código Penal, la Ley de Delitos Informáticos, el Código Procesal Penal y las disposiciones sobre geolocalización de equipos de comunicación.
Entre los cambios vinculados con la extorsión, la norma establece que también será sancionada la persona que, con conocimiento de la finalidad delictiva o debiendo presumirla, preste, ceda o facilite cuentas bancarias, billeteras digitales u otros servicios financieros para recibir o canalizar el dinero exigido a las víctimas.
En materia de delitos informáticos, modifica las sanciones por acceso ilícito a sistemas digitales. Cuando se vulneren medidas de seguridad o se utilicen credenciales de autenticación y códigos de verificación sin autorización, la pena establecida es de tres a seis años de prisión.
También incorpora como agravante la comisión de delitos informáticos mediante inteligencia artificial u otras tecnologías similares. Cuando el responsable actúe como integrante de una organización criminal, el juez podrá aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal correspondiente.
Cambios en el uso y registro de armas de fuego
El decreto incorpora sanciones para quienes declaren falsamente la pérdida o sustracción de armas de fuego ante registros oficiales, así como para quienes suplanten la identidad de otra persona o utilicen indebidamente licencias y autorizaciones ajenas para adquirir, registrar, transferir o portar armas.
Asimismo, establece penas más severas para determinadas conductas relacionadas con el préstamo o alquiler de armas destinadas a fines ilícitos y la alteración de sus números de serie u otros elementos de identificación.
Amplían los supuestos para la geolocalización de equipos
Otra modificación alcanza al Decreto Legislativo N.° 1182, que regula el acceso a datos de localización y geolocalización de teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación.
La norma incorpora entre los supuestos contemplados las investigaciones preliminares por delitos informáticos, minería ilegal, lavado de activos, trata de personas y otros delitos, además de los casos de flagrancia.
El acceso debe cumplir los requisitos legales, ser indispensable para la investigación y contar con las garantías correspondientes.
Detención judicial en casos de flagrancia
El Decreto Legislativo N.° 1744 también modifica las reglas de detención judicial en casos de flagrancia. Establece que, en investigaciones por extorsión, sicariato, secuestro y delitos cometidos por organizaciones criminales, el fiscal puede solicitar al juez una detención judicial de hasta 15 días.
Para los casos de reingreso clandestino o ilegal al país, establece un plazo de hasta 10 días, mientras que la disposición general contempla un máximo de siete días, sujeto a los presupuestos legales.
¿Por qué se aprobaron estos cambios?
Las tres disposiciones forman parte de las facultades legislativas delegadas por el Congreso mediante la Ley N.° 32743, publicada el 22 de octubre de 2026.
Esta ley autorizó al Ejecutivo a emitir decretos legislativos durante 90 días calendario en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño. Dentro del primer ámbito se incluyeron reformas sobre el sistema penitenciario, armas, migración, legítima defensa, criminalidad organizada y delitos violentos e informáticos.
Los decretos publicados el 8 de noviembre constituyen las primeras disposiciones de este paquete legislativo. Sus alcances y aplicación deberán evaluarse conforme a los procedimientos y garantías establecidos en cada norma.