Es saludable que, por fin, el Poder Judicial y la Contraloría estén reaccionando para luchar contra ese cáncer social llamado corrupción, aquél que priva de los mejores servicios y posterga a las poblaciones que deben de atenderse por culpa de quienes piensan que llegar al poder es para servirse y no para servir a los demás.
La Contraloría viene redoblando su accionar con la implementación de órganos de control en diferentes dependencias estatales, aunque se tardaron demasiado en hacerlo por ejemplo en el distrito millonario de San Marcos. Recién lo han hecho. En el caso del Gobierno Regional de Ancash también debería de evaluarse realmente cuál fue la actuación de sus representantes en este órgano que cayó al sótano de la desvergüenza y del cual no nos recuperamos.
El último ranking del Poder Judicial sitúa a Ancash en el tercer lugar a nivel nacional. Vergonzosa ubicación que además sindica que existen más de 2,500 funcionarios y ex funcionarios procesados por delitos dolosos.
Ante este cuadro dramático, este poder del Estado acaba de reaccionar creando dos juzgados especializados para los delitos de corrupción, es decir se van a especializar a los magistrados como a los administrativos para procesar a quienes delinquen llevándose para sí los dineros del Estado.
Debe estar siendo una mala noticia para muchos corruptos que aprovechándose de que las dependencias judiciales ven otros delitos comunes y tienen sobrecarga jugaban a la prescripción, quebrando los procesos judiciales. Llama por ejemplo la atención, que los delitos cometidos por el ex alcalde Waldo Ríos, hace más de 17 años recién se le haya procesado y como ese casos hay diversos y cuyos autores andan sueltos.
Mientras el Estado ha estado calmo y pasmoso los operadores de la corrupción fueron implementándose, como muy bien lo ha puntualizado el titular del Poder Judicial, Duberly Rodriguez Tineo al considerar que los delitos de corrupción de funcionarios no es una infracción cualquiera, porque ya se ha incluso “internacionalizado” con depósitos electrónicos, testaferros, offshores y para combatirlo se requiere especialización y capacitación.
En Ancash, la corrupción se acentuó durante la bonanza del canon minero, es así que muchos malos alcaldes y gobernadores regionales optaron por utilizar terceros para beneficiarse así mismo, los conocidos testaferros. En los casos emblemáticos que actualmente se procesan se pueden apreciar cómo sus familiares y allegados entraron a esta danza.
Si los flamantes juzgados funcionan como está diseñado y si el Consejo Nacional de la Magistratura designa magistrados idóneos para estos cargos, podremos abrir la esperanza que el país comienza a ser moralizado.
