Condenados por terrorismo y violación no podrán trabajar en el sector público

El Ejecutivo publicó este lunes la ley N° 30794, ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos.

Según la norma, publicada en el diario El Peruano,  se establece como requisito para ingresar o reingresar a laborar en el sector público que  el trabajador no haya sido condenado con sentencia firme, por  cualquiera de los siguientes delitos:

1. Delitos previstos en los artículos 2, 4, 4-A, 5, 6, 6-A, 6-B, 8, y 9 del Decreto Ley 25475, que establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción
y el juicio.

2. Apología del delito de terrorismo, tipificado en el  artículo 316-A del Código Penal.

3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.

4. Proxenetismo, tipificado en los artículos 179, 179-A, 180, 181 y 181-A del Código Penal.

5. Violación de la libertad sexual, tipificado en los artículos 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A y 177 del Código Penal.

6. Tráfico ilícito de drogas, tipificado en los artículos 296, 296-A, 296-B, 296-C, 297, 298, 301 y 302 del Código Penal.

La norma establece, además, que la rehabilitación tras haberse cumplido la sentencia no habilita al trabajador para prestar los servicios en el sector público.

También se dispone la implementación de la base de datos del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) a las entidades públicas.

De igual manera, En caso de que el trabajador mantenga vínculo contractual de carácter personal con el Estado, bajo cualquier modalidad, este vínculo deberá ser resuelto.

El Ministerio de Educación (Minedu) ya inició el proceso de destitución de los maestros y trabajadores educativos del sector que tengan condenas por los delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violencia sexual y narcotráfico.

Según el sector, a través de un trabajo conjunto y de asistencia técnica, las distintas direcciones regionales de educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL) avanzan con el proceso de retiro de hasta 780 maestros y personal del sector condenados por estos delitos.

Fuente: El Comercio