Santa: Fiscalía aumenta de 7 a 16 años de cárcel para Arroyo Rojas

La Primera Fiscalía Superior Penal del Santa ha presentado una acusación complementaria contra el preso exalcalde de la provincia, Luis Arroyo Rojas, en la que eleva la pena de 7 años de cárcel (que solicitó inicialmente) a 16 años de prisión por los delitos de colusión y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

El caso está referido a la obra de agua y desagüe para las urbanizaciones Los Pinos y Laderas del Norte así como para el pueblo joven 2 de Junio; valorizadas en más de 8 millones de soles y que tuvieron como unidad ejecutora a la Subregión Pacífico, cuando Arroyo Rojas estaba al frente de esta entidad por encargo del entonces gobernador regional, César Álvarez Aguilar.

Si bien el caso ya se encuentra en juicio oral, al ser llevado con el antiguo código de procedimiento penales, cabe la posibilidad de que se pueda presentar una acusación complementaria. En este caso, la fiscal Carla Zuloaga lo ha hecho y ha advertido que no se tomó en cuenta en su dictamen original la existencia de un concurso real de delitos así como algunos agravantes al momento de determinar la pena propuesta inicialmente.

Así las cosas, al plantear la Fiscalía un concurso real de delitos, se solicitan penas de cárcel por cada uno de los ilícitos, pero estos son sumados. En el caso de Luis Arroyo, solicita la pena de 11 años de cárcel como autor del delito colusión, mientras que por el ilícito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, propone que se le imponga 5 años de encarcelamiento. Si los jueces al final del juicio consideran que Arroyo es culpable de ambos delitos, le esperaría una sentencia de 16 años de cárcel.

En el escrito de la fiscal Zuloaga, también se considera que “autores” del delito de colusión a Yony Benites Saldaña, Óscar Salgo Olivo – ambos sentenciados junto a Arroyo en el caso de la “desratización – así como a Enrico Castañeda Casanova. Mientras que en el caso de Wilmer Coral Valverde y Ángel Ancajima Timaná se los califica como “cómplices primarios” del ilícito de colusión. Para todos ellos, el Ministerio Público también ha pedido 11 años de cárcel por este primer delito.

Al igual que con Arroyo Rojas, la Fiscalía también ha pedido la pena de 5 años de cárcel por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, para los demás acusados. En el caso de ellos, también se aplica la sumatoria de penas.

Para el Ministerio Público, el contubernio también se dio cuando este mismo comité escogió al consorcio Laderas, representado por Ángel Ancajima, para realizar la supervisión de los trabajos. Acusan a la supervisora además de no haber advertido oportunamente de las deficiencias en la ejecución de los trabajos.

La sospecha de la Fiscalía para hablar de un contubernio en ambas licitaciones radica en que, primero, ambas empresas fueron las únicas postoras durante el proceso, además de ello, cuestionan las ampliaciones de plazos que otorgó la Subregión Pacífico para que concluyan los trabajos.

Con respecto al delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, la Fiscalía considera que el accionar de los investigados “promovió” a que en los lugares donde se ejecutaron los trabajos por mucho tiempo hallan zanjas y tuberías expuestas que ponían en riesgo la integridad de los pobladores de las urbanizaciones Los Pinos y Laderas, así como el pueblo joven 2 de Junio. Asimismo, consideran que este delito se configuró debido a que también se afectó el acceso por la puerta de emergencia del Hospital III del Seguro Social de Salud.