Tras haberse cumplido más de 30 días de la emisión del Decreto Supremo N° 114-2019 PCM sobre la declaratoria en emergencia de la laguna Parón, por peligro inminente de desembalse; la jefa de la Defensoría del Pueblo en Áncash, Mg. Soledad Rodríguez Loli, emitió un exhorto al gobernador regional Juan Carlos Morillo implementar las acciones previstas en la norma.
En el oficio 0642-2019-DP/OD-ANC, demanda al gobernador a convocar con carácter de suma urgencia a una reunión entre los entes competentes, población de la comunidad Cruz de Mayo y representantes de las organizaciones sociales de la ciudad de Caraz, asimismo el Estado socializar el contenido e importancia del mencionado Decreto Supremo.
Rodríguez Loli, manifestó: “en una reunión multisectorial con la presencia de diversas autoridades y varios gerentes regionales, se ha realizado una primera recomendación, a fin de implementar un espacio de diálogo con los comuneros de la Comunidad Campesina Cruz de Mayo y autoridades de Caraz, para darle el tratamiento y la importancia que merece este tema, sin embargo no ha habido respuesta alguna, y preocupados por esta situación, hemos emitido el oficio N° 0642-20189-DP/OD-ANC, formalizando la recomendación de la implementación de dicho espacio de diálogo, ello con objetivo de poder escuchar las percepciones y preocupaciones de cada uno de ellos” Indicó.
La Defensora del Pueblo en Áncash, también sostuvo que con la realización de la reunión, se busca generar un clima de confianza, participación y diálogo entre los actores involucrados, asimismo de evitar cualquier manifestación de conflicto que pueda traer como consecuencia algún costo social irreversible.
Según el oficio N° 0642-2019-DP/OD-ANC, señala que de acuerdo al Decreto Supremo, se delega funciones específicas a los siguientes entes del estado: Gobierno Regional de Áncash, Municipalidad provincial de Huaylas, Municipalidad distrital de Caraz, con la coordinación técnica y seguimiento de INDECI, y la participación del Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y demás entidades en cuanto les corresponda, ejecutarán acciones inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente.
Entretanto, el Gobernador Regional de Áncash, en un plazo de tres días hábiles, deberá informar las acciones iniciadas para implementar las recomendaciones alcanzadas por la Defensoría del Pueblo en Áncash.