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Ancash: Cerca al 50% de adultas mayores de la zona rural no reciben pensión

Foto: Ancash Noticias

Áncash

Ancash: Cerca al 50% de adultas mayores de la zona rural no reciben pensión

A raíz del informe sobre Mujer Anciana Abandonada en Sihuas la Defensoría reveló ancianas son las más desprotegidas de la sociedad pese a la existencia de una Ley. Urge que Pensión 65 revise sus focalizaciones.

Según el informe Nro. 006-2019-DP/AAE “Envejecer en el Perú: hacia el fortalecimiento de políticas para personas adultas mayores” se revela que el 99.55 % de mujeres adultas mayores de zonas campesinas, no tienen acceso a una pensión de jubilación, así como a otros derechos.

El estudio evidencia las  condiciones de desigualdad y falta de acceso de las mujeres ancianas, principalmente del campo, en sectores como educación, empleo, vivienda, ambiente sano, salud, y a una vida sin violencia. Además, 95 de cada cien no cuenta con una pensión jubilatoria. Una cifra significativamente alta que impacta en sus condiciones de vida y limita a las mujeres adultas mayores al ejercicio de sus derechos por no tener acceso a la seguridad social.

En Ancash se revela que más del 40% de adultas mayores no reciben la pensión de jubilación, así como otros derechos de parte del estado, informó la jefa de la oficina defensorial de Ancash, Soledad Rodríguez Loli.

Por ello  la jefa defensorial manifestó que a nivel nacional se ha pedido la reestructuración de las políticas de estado entorno a este grupo especialmente vulnerable, política que corresponde al legislativo, ejecutivo, así como al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, ponerlos en práctica.

Mujeres abandonadas

Asimismo ante este alto porcentaje de mujeres abandonadas que representan un grupo vulnerable, se ha recomendado que los municipios que son la base para focalizar la problemática, realicen adecuadamente los empadronamientos, desde un enfoque más humano.

Tampoco los programas sociales estarían trabajando al 100%. Pero la base de todo serían los municipios, donde se actualiza el sistema de focalización anualmente.  «Se tiene que mejorar la actualización de la situación socioeconómica de esta población a nivel regional y nacional, así como mejorar al mismo tiempo, el sistema de empadronamiento, para detectar quienes son pobres y necesitan apoyo del estado», refirió también Rodríguez Loli.

Asimismo, dijo que se espera que este problema, mejore para los próximos años y se trabaje desde las bases para poder lograr que más personas tengan acceso a sus derechos, sobre todo al tratarse de una población tan vulnerable, como es el adulto mayor.

Datos nacionales

La Defensoría del Pueblo presentó un informe de Adjuntía N° 006-2019-DP/AAE «Envejecer en el Perú: hacia el fortalecimiento de las políticas para personas adultas mayores», donde revela que el 99.51% de las mujeres adultas mayores de las zonas campesinas no reciben pensión de jubilación así como otros derechos.

Los datos de este informe fueron presentados en el marco de la campaña a favor de la aprobación de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el Congreso de la República.

Cuadro del informe de la Defensoría del Pueblo: En el 2018, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que solo el 38.7% de la población de 60 años a más está afiliado a un sistema de pensiones, ya sea público o privado. Sin embargo, en el área rural la realidad es más grave, porque alcanza a penas el 7% de afiliación.

Falta de protección. Según la Defensoría, esta Convención buscaría proteger y asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores en nuestro país. Este instrumento regional jurídicamente vinculante reconoce que «la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política», como se lee en la página de dicha institución.

Ley por cumplir

En nuestro país existe la Ley N° 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor, la cual considera todo tipo abandono, ya sea en calle, el hogar, centro de salud y otros lugares y circunstancias, como violencia hacia este grupo en vulnerabilidad.
Esta norma fue aprobada en 2016 durante el gobierno de Ollanta Humala y reglamentada recién en el 2018 a través del Decreto Supremo Nº 007-2018-MIMP.

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