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La epidemia del clientelaje político

Editorial

La epidemia del clientelaje político

La improvisación y el desorden siguen siendo constantes, con la anuencia de los consejeros regionales.

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Si habría que hacer un símil entre la pandemia del covid y las decisiones políticas regionales de los últimos años, podríamos decir que el más funesto en Ancash es y viene siendo: el clientelaje político.

Desde la gestión del ex gobernador César Alvarez Aguilar, los puestos públicos se han convertido en una especie de Tinka con apostadores que son los militantes y allegados de agrupaciones que llegan al poder y creyendo que la administración pública es una chacra o un feudo donde hay mucho por repartir, sabe Dios cómo, ocasionando un desorden y caos en donde el pueblo termina pagando los platos rotos.

Los puestos de confianza han sido conferidos, en su mayoría, a gente improvisada con el solo requisito de la adulación o el apoyo económico en campaña y hasta se afirma que hay algunos “pagos” que se hacen; así tenemos centenares de directores regionales, de Ugeles, Redes de Salud y responsables de unidades ejecutoras, que desfilan como golondrinos, vienen y se van causando enormes perjuicios, incluso, económicos.

El clímax de esta aberración llegó con el cambio del Reglamento y Manual de Organización y Funciones que se diera durante la administración del postizo ex gobernador regional Luis Gamarra Alor, quien presionado por los consejeros regionales insertó un artículo donde el gobernador se hace cargo de la designación de todos los cargos de confianza, de manera tal que un director regional llegando al cargo está atado de manos por gente impuesta desde la sede central rompiéndose así la cadena de mando, tan indispensable para que una organización funcione eficazmente.

Con este marco tenemos así a directores regionales que reinan pero no gobiernan, porque sus inmediatos colaboradores vienen apadrinados por el gobernador regional y los consejeros regionales. Estos últimos buscan de esa forma demostrar su poder imponiendo funcionarios, olvidando que fueron a legislar y fiscalizar y no a cogobernar con el Ejecutivo.

El gobernador regional Juan Carlos Morillo, hoy preso, no ha corregido esa estupidez y tampoco ningún consejero regional, hasta el momento, se ha pronunciado exigiendo la derogatoria de tan funesto artículo (pese a la exhortación que en su momento hiciera la Defensoría del Pueblo), convirtiéndose -salvo honrosas excepciones- en cómplices así de los desmanejos económicos y administrativos hoy rampante en la mayoría de las reparticiones regionales, donde se cambian de funcionarios como si se trataran de ropas interiores; no duran, esto es, ni lo que lo hace un fusible eléctrico.

Ahora se alistan más cambios. Ayer el vicegobernador regional Henry Borja, informó que está dejando en suspenso la designación de nuevos funcionarios de confianza esperando que la Sala de Apelaciones emita su veredicto respecto del recurso presentado por el titular y 7 funcionarios precisados. Ya nos estamos imaginando -si se confirma la medida- un batallón de oportunistas rondándolo, buscando asaltar el poder público; no importándoles si tienen la preparación debida y dejando así por los suelos la meritocracia.

Mientras ahora se anuncia el arribo a Ancash de 100 mil pruebas antígenas y ayer el presidente Sagasti anunció la próxima llegada de las vacunas COVID, aguardamos ahora que alguien, de la sociedad civil o la nueva clase política regional emergente reclame también una vacuna contra el populismo y el clientelaje político regional, porque el que quedó segundo -en las justas regionales- parece ser ya el nuevo oficialismo.

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