La Contraloría General, identificó un perjuicio económico de S/ 4 494 770 en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) Antonio Raimondi y Mariscal Luzuriaga en los años 2018, 2019 y 2020. Este perjuicio económico es debido a los pagos irregulares de incentivos laborales a favor de funcionarios y trabajadores administrativos de dichos lugares.
El prejuicio económico dentro de la UGEL Antonio Raimondi es de S/ 2 462 480, otorgando incentivos adicionales en beneficio propio y de trabajadores administrativos, dañando el presupuesto destinado al aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular.
Asimismo, en la UGEL Mariscal Luzuriaga el prejuicio económico es de S/2 032 290, donde se simuló el pago de planillas de remuneraciones del personal activo con montos superiores a los que les correspondía, para luego destinarlos al pago irregular de incentivos adicionales, a pesar de no contar con autorización.
Veintiséis funcionarios y servidores públicos de la UGEL Antonia Raimondi y Mariscal Luzuriaga tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
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