La Contraloría detectó que funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Áncash aprobaron el incremento de sus remuneraciones de manera irregular, lo cual ocasionó un perjuicio económico a la institución de S/ 49,231.
Hallazgo
La entidad de control realizó una auditoría a los contratos administrativos de servicios (CAS) que suscribió la DRTC y detectó un incremento irregular de los salarios de ocho personas, en diciembre del 2021.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 037-2022, que fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Áncash; los responsables de la DRTC, a pesar de no contar con una opinión técnica ni legal favorable, aprobaron nuevas escalas remunerativas de los funcionarios contratados bajo la modalidad CAS.
Pese a haber suscrito contrato con montos menores, los cuales no podían ser modificados en cuanto al monto pactado, suscribieron una directiva en la cual establecen una escala remunerativa con montos incrementados a favor de los funcionarios de libre designación y remoción bajo el régimen laboral CAS, se detalla en el informe.
Según el personal de control, se aprobaron estos incrementos sin contar con disponibilidad presupuestal. Se encuentra involucrado el extitular de la DRTC, Luis Arias Maguiña, quien cobró S/ 14,000, casi el doble de lo que le correspondía; además de otros funcionarios de la institución.
“La situación expuesta fue originada por el accionar del director y funcionarios de confianza de la DRTC, quienes en función de su cargo generaron las condiciones para el incremento de los montos de la remuneración mensual a favor de sí mismos”, opina la Contraloría. A decir de la entidad de control, por estos hechos siete personas tendrían responsabilidad penal y administrativa.
Recomendaciones:
– Al titular de la entidad: realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades
– Al órgano instructor de la Contraloría General de la Republica: realizar el procesamiento de los funcionarios involucrados
– Al Procurador Público Especializado en delitos de Corrupción de Áncash: iniciar las acciones penales contra los funcionarios comprendidos en los hechos.
Resumen
Mediante el informe de control específico N° 037-2022-2-5332, la Contraloría General de la República (CGR) evidenció un perjuicio económico por S/49 231,67 en Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones (DRTC) de Áncash, debido a que, en diciembre del 2021, funcionarios de la entidad suscribieron una directiva y emitieron una Resolución Directoral incrementando a favor de sí mismos su remuneración mensual bajo la modalidad de contrato CAS; a pesar de haber suscrito un contrato con montos menores y no contar con opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Sin contar con opinión técnica ni legal para aprobar nuevas escalas remunerativas a favor de funcionarios contratados bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), funcionarios de la DRTC suscribieron una directiva mediante la cual incrementaron la escala remunerativa a favor de 8 funcionarios. Para ello utilizaron informes que no sustentaron técnica ni legalmente dichos aumentos; además, no contaban con disponibilidad presupuestal, no obstante, emitieron una Resolución Directoral aprobando la mencionada Directiva.
“Con el fin de obtener mayores recursos para el pago de los citados incrementos, la Unidad de Recursos Humanos y la Dirección de Planeamiento, Presupuesto, Estadística e Informática simularon la necesidad de mayores recursos (argumentando déficit presupuestario para pagos de planillas CAS), incluyendo el incremento de remuneraciones a favor de los funcionarios CAS”, señala el informe.
Consecuentemente, tramitaron y autorizaron el pago de las planillas del mes de diciembre de 2021 aplicando la nueva escala, a favor de sí mismos, vulnerando, entre otras normas, el D.L 1440 que señala que “los actos administrativos así como cualquier actuación de las entidades que generen gasto deben supeditarse , de forma estricta a los créditos presupuestarios autorizados , bajo sanción de nulidad de la autoridad competente y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del titular de la entidad y de la persona que autoriza el acto.”
Cuatro funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa sujeta a la Potestad Sancionadora de la CGR y sobre otros tres, recaería presunta responsabilidad administrativa a nivel de entidad.
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