El Decreto Supremo N.° 104.2023-PCM, publicado hoy en las normas legales del diario Oficial El Peruano, establece que en este periodo se deberán ejecutar las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Los distritos declarados en emergencia son: Aczo, Chaccho, Chingas, Llamellín, Mirgas y San Juan de Rontoy, en la provincia de Antonio Raimondi; Acochaca y Chacas, en la provincia de Asunción; San Luis, San Nicolás y Yauya, en la provincia Carlos Fermín Fitzcarrald; Anra, Cajay, Chavín de Huántar, Huacachi, Huacchis, Huachis, Huántar, Huari, Masin, Paucas, Pontó, Rahuapampa, Rapayán, San Marcos, San Pedro de Chana y Uco, en la provincia de Huari.
Así como los distritos de Casca, Eleazar Guzmán Barrón, Fidel Olivas Escudero, Llama, Llumpa, Musga y Piscobamba, en la provincia de Mariscal Luzuriaga; Conchucos y Pampas, en la provincia de Pallasca; Parobamba, Pomabamba y Quinuabamba, en la provincia de Pomabamba; Acobamba, Alfonso Ugarte, Cashapampa, Chingalpo, Huayllabamba, Quiches, Ragash, San Juan, Sicsibamba y Sihuas, en la provincia de Sihuas; y el distrito de Yanama, en la provincia de Yungay.
Dado que, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en su Informe Técnico N.° 000070-2023-INDECI/DIRES, de fecha 13 de setiembre de 2023, base de la presente norma, identificó 544 distritos de 14 departamentos de país más expuestos al muy alto riesgo ante déficit hídrico, identificándose la condición de peligro inminente, que podría traer efectos como la afectación a la salud de la población, áreas de cultivo y población pecuaria.
El decreto señala que, durante los 60 días calendario, el Gobierno Regional de Áncash y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Indeci y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
“Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes”, detalla el decreto supremo.
Finalmente, la norma precisa que, el financiamiento de las acciones que se ejecuten para reducir el riesgo será con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Dato:
Para mayor información acceder al siguiente enlace: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2216451-2
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