Más de 4 mil mineras operan informalmente en Áncash según DREM
DREM Áncash advirtió que aquellos que no logren formalizarse en este período pasarán a ser considerados mineros ilegales y estarán sujetos a la jurisdicción de las fiscalías especializadas en la materia.
En una declaración contundente, el Director Regional de Energía y Minas de Áncash, Ricardo Castillejo Melgarejo, reveló que actualmente más de cuatro mil mineras operan de manera informal en la región, generando una creciente preocupación por sus impactos ambientales.
Durante una entrevista concedida para Áncash Noticias, Castillejo destacó la implementación de un plan maestro con directrices para el año en curso, enfocado en abordar los desafíos planteados por esta abrumadora cifra de minería ilegal.
El funcionario regional hizo hincapié en el impacto negativo de las actividades mineras no reguladas en el medio ambiente, señalando la contaminación y la degradación ambiental como consecuencias directas. En colaboración con la fiscalía, la Dirección Regional de Energía y Minas está tomando medidas concretas para abordar esta problemática y erradicar la minería informal en la región.
Formalización: capacitación y advertencias
Castillejo informó que aquellos mineros en proceso de formalización están siendo capacitados, con la meta de completar el proceso antes de que finalice el año 2024. Adicionalmente, advirtió que aquellos que no logren formalizarse en este período pasarán a ser considerados mineros ilegales y estarán sujetos a la jurisdicción de las fiscalías especializadas en la materia.
El Director Regional indicó que su despacho se encuentra comprometido en brindar apoyo a los más de cuatro mil mineros en vías de formalización cuyas licencias se encuentran suspendidas. Castillejo expresó: «Lo que queremos es ordenar el sector, asegurándonos de que estos mineros cumplan con todos los criterios respectivos para evitar el impacto ambiental negativo y trabajen con seguridad.»
Esta iniciativa, finalizó, busca establecer un marco regulatorio sólido que garantice la sostenibilidad ambiental y la seguridad en la actividad minera de la región, al tiempo que promueve la formalización de los mineros para contribuir al desarrollo responsable del sector.
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