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Revelan que creciente minería ilegal pone en riesgo estabilidad económica y derechos humanos
El estudio «Abordaje Integral de la Minería Informal e ilegal en el Perú» realizado por V&C Analistas destaca la preocupante crisis desatada por la proliferación desmedida de la minería ilegal en todo el territorio peruano.
El reciente informe de V&C Analistas sobre la minería ilegal en Perú expone la creciente amenaza que representa esta actividad para la estabilidad económica y los derechos humanos en el país.
Según datos del 2022, la producción no formal (entre informal e ilegal) representó el 39.3% de la producción nacional de oro, valuado en aproximadamente US$ 4 mil millones. Este valor anual alcanza los S/ 23,760 millones de soles (equivalentes a unos us$ 6 mil millones), lo que supone una pérdida del 2.5% del PBI.
Sin embargo, estos ingresos están sustentados en una red de corrupción, asesinatos, explotación humana, impacto ambiental devastador, contrabando y lavado de activos a través de redes internacionales de empresas offshore.
Además de representar una amenaza para la estabilidad económica del país, la minería ilegal también socava los derechos humanos y la seguridad de las comunidades locales. Se han documentado casos de explotación infantil, trabajo forzoso, violencia y discriminación contra las mujeres, así como la invasión y contaminación de los territorios indígenas.
Situación que impactaría en Áncash
Según datos del estudio presentado, se dieron a conocer ciertas zonas que representan territorios con minería ilegal con mayor riesgo de seguridad. Estos fueron clasificados en seis zonas, de las cuales el Cinturon Minero del Norte, es la más cercana a la región Áncash. Esta comprende las provincias de Pataz, Sanchez Carrión, Otuzco y Santiago de Chuco en la Libertad, así como Cajabamba y San Marcos en Cajamarca.
El proceso de formalización, que lleva más de dos décadas en curso, ha fracasado en su intento de regularizar la actividad minera de pequeña escala, que ahora está infiltrada por grupos ilegales y ha servido como fuente de financiamiento para organizaciones criminales nacionales e internacionales, como el «Tren de Aragua» o el «Comando Vermelho».
Ante esta grave situación, urge una acción coordinada y enérgica por parte del Estado, la sociedad civil y el sector privado para abordar de manera integral esta crisis, protegiendo los derechos humanos, preservando el medio ambiente y promoviendo un desarrollo económico sostenible y equitativo para todos los peruanos.
