Antamina se pronuncia frente a declaraciones de dirigentes de Huaripampa

En respuesta a las recientes declaraciones y acciones de dirigentes e integrantes de la Comunidad Campesina de Huaripampa, la Compañía Minera Antamina S.A. emitió un comunicado oficial negando categóricamente las acusaciones de usurpación de terrenos de propiedad de la comunidad.

La empresa minera asegura que cuenta con todos los documentos y registros necesarios que demuestran la legalidad de la adquisición de un terreno de 2202 hectáreas pertenecientes a la Comunidad Campesina de Huaripampa. Esta compraventa, realizada en enero de 1998, está debidamente inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Según lo indicado en el documento, en 2003, ambas partes firmaron escrituras públicas que ratificaron el acuerdo de compraventa de 1998, asignando las coordenadas al predio adquirido sin modificar su extensión, y respetando el plano oficial inscrito en SUNARP. Además, se acordó el cierre definitivo de todos los reclamos relacionados a compensaciones, reubicaciones, indemnizaciones y otros temas derivados de la compraventa.

«Existen actas y escrituras públicas suscritas de manera voluntaria e informada, en las que la comunidad no solo reconoce la venta del terreno de 2202 hectáreas a la empresa, sino que también ratificaron el área adquirida y sus coordenadas en posteriores convenios», destacó Antamina en su comunicado.

La empresa expresa su extrañeza ante las acusaciones de usurpación de una porción del territorio por parte de algunos dirigentes de la comunidad. Antamina resalta que, durante los últimos 26 años, ha mantenido un diálogo respetuoso y constructivo con todas las juntas directivas de la comunidad, lo que ha permitido la implementación de diversas iniciativas en salud, educación y desarrollo productivo, beneficiando a los habitantes de Huaripampa.

Finalmente, la empresa señaló que en reiteradas reuniones, Antamina ha presentado los fundamentos técnicos y jurídicos que respaldan su posición, e invoca a que se retome el diálogo dentro del marco legal y con respeto a los acuerdos previamente suscritos entre la compañía y la comunidad.