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Huaraz: Consorcio Cruz Blanca se acoge a retención de pagos para obra Luzuriaga

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Huaraz: Consorcio Cruz Blanca se acoge a retención de pagos para obra Luzuriaga

Gerente municipal de Huaraz aclara que la opción de garantía solicitada es válida, según la ley.

En una reciente declaración, el gerente municipal de Huaraz, Juver Garay Cornelio, se refirió al proceso de ejecución de la obra de la avenida Luzuriaga y la decisión del Consorcio Cruz Blanca de acogerse a la garantía de retención de pagos, en lugar de la tradicional carta fianza. Esta medida ha generado inquietud, pero Garay explicó que la ley de contrataciones establece dos opciones de garantías, la carta fianza y la retención, siendo válida la solicitud de este último recurso para las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), como es el caso del consorcio ejecutor de la obra.

El gerente aclaró que las MYPES tienen la opción de acogerse a la retención de pagos como garantía, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley 32077, que facilita el acceso a este tipo de garantías. En este contexto, el Consorcio Cruz Blanca, conformado por dos empresas MYPES, eligió esta alternativa como mecanismo para asegurar el cumplimiento de sus compromisos. Garay indicó, que la ley permite esta modalidad sin implicar un acto irregular o improcedente por parte de la entidad ejecutora.

En relación con los plazos y el cumplimiento de la obra, Garay señaló que el procedimiento de retención implica que, antes de la mitad del plazo contractual, se debe retener el 100% del monto acordado como garantía. Esto asegura que la empresa pueda cubrir cualquier incumplimiento y completar la obra dentro de los plazos estipulados. El gerente agregó que la responsabilidad de asegurar la solvencia financiera de la empresa recae sobre el consorcio, ya que la municipalidad no tiene injerencia en la gestión interna de las empresas contratadas.

Además, se mencionó que la negativa a permitir que el consorcio se acogiera a este tipo de garantía hubiera constituido un abuso de autoridad, ya que la empresa tiene derecho a solicitarlo conforme a la legislación vigente. La decisión de la municipalidad, por tanto, se ajusta a las normativas legales, garantizando la ejecución de la obra sin contratiempos.

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