Peruanos creen que minería ilegal financia a políticos y criminales
Según un estudio de Ipsos, 7 de cada 10 peruanos creen que esta actividad financiará la próxima campaña electoral, mientras el 82% denuncia su influencia en el Congreso y los Gobiernos regionales. Asocian a esta actividad al lavado de dinero, crimen organizado, trata de personas y contrabando.
Los mineros ilegales —dijo César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales— tienen una bancada multipartidaria en el Congreso. Se trata de un grupo de congresistas que defienden esta actividad ilícita e impulsan normas que la favorecen.
Tienen también influencias en el gobierno de Dina Boluarte, que recientemente convirtió el fracasado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en un documento hereditario, amplió su vigencia hasta diciembre de este año y trabaja una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que, según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), podría convertirse en una extensión del Reinfo.
No solo eso. Muchos mineros ilegales e informales, según recientes investigaciones, son militantes de partidos como Alianza Para el Progreso (APP), cuyo militante y presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, fue defensor de mineros ilegales, así como de Somos Perú, Podemos Perú, Camino Diferente, Bicentenario La Libertad, entre otros.
Según un estudio de diciembre del año pasado de IPSOS para el Colectivo PAS, 7 de cada 10 peruanos creen que los recursos de esta actividad ilícita financiarán la próxima campaña electoral, mientras el 82 % denuncia su influencia en el Congreso y los Gobiernos regionales.
Para los encuestados, la minería ilegal es un poder paralelo: el 81 % la asocia al lavado de dinero, al crimen organizado (77 %), a la trata de personas (76 %) y al contrabando (75 %).
Asimismo, el 63 % teme que el país termine controlado por sus mafias. Lima y el oriente del país son las zonas donde más se percibe esta infiltración, con redes que compran silencios e impunidad, mientras que el 76 % de los encuestados asegura que esta actividad incrementó la inseguridad en sus regiones y financia a redes de sicariato, extorsiones o corrupción.
Esta información del estudio, sumada a los últimos hechos de violencia, como el secuestro y ejecución de 13 personas en Pataz, La Libertad, constituye una advertencia de que la minería ilegal no es solo un problema ambiental y de inseguridad, sino una amenaza para la democracia.
