Crisis social en Áncash: Defensoría busca mediar entre comités de agua y minera Barrick
La tensión se agudiza en Jangas tras denuncia de invasión y quema de infraestructura en la mina Pierina. La Defensoría del Pueblo pide diálogo urgente y exhorta a evitar más violencia.
La Defensoría del Pueblo lanzó un pronunciamiento urgente la tarde del viernes 6 de junio, instando a abrir un canal de diálogo inmediato entre los Comités de Usuarios de Agua (CUA) de Atupa y Antahuran y la empresa Minera Barrick Perú S.A., ante la escalada del conflicto social que sacude el distrito de Jangas, en la provincia de Huaraz.
La tensión se agudizó el pasado 5 de junio, cuando la empresa minera denunció públicamente la invasión de sus instalaciones en la mina en cierre Pierina, así como la quema de tuberías en uno de sus sectores. Esta situación ocurre tras más de diez días de ocupación por parte de los comités de usuarios, quienes exigen compensación por una presunta afectación al manantial Yarcok, fuente hídrica clave para la zona.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el conflicto ha llegado a un punto crítico y pidió a las partes mostrar mayor flexibilidad para establecer una reunión urgente. Además, exhortó al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a continuar con las gestiones para facilitar condiciones de negociación.
Advertencia sobre protestas violentas En su comunicado, la entidad recordó que el derecho a la protesta no puede justificar actos de violencia ni la ocupación de propiedad privada. Señaló que estas acciones vulneran el marco legal y ponen en riesgo la integridad de las personas que permanecen dentro de las instalaciones.
La Defensoría también exhortó a la Policía Nacional del Perú a que cualquier uso de la fuerza, en caso de ser necesario, se aplique conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto de los derechos humanos.
El pasado 27 de mayo, representantes de la Defensoría y el MINEM se trasladaron a la zona del conflicto para verificar la situación y promover un primer acercamiento. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado concretar un espacio de diálogo formal.
La institución reiteró que se mantiene vigilante, cumpliendo su mandato de garantizar los derechos fundamentales y prevenir hechos de mayor violencia en este escenario de creciente conflictividad.