TC aún sin fallo sobre caso Dina Boluarte tras más de tres meses de espera

Han pasado más de tres meses desde que el Gobierno presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar frenar las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse y los plazos legales ya se han vencido.

Según la presidenta del TC, Luz Pacheco, el magistrado ponente aún está ajustando el documento tras recibir observaciones del pleno. Se espera una versión final “a fin de mes”, aunque medios como RPP recuerdan que la ley solo otorga 30 días útiles para responder la demanda y otros 30 para emitir sentencia.

El Gobierno busca que el TC precise el artículo 117 de la Constitución, que señala los únicos motivos por los que un presidente puede ser acusado. Con ello, espera frenar las investigaciones en curso por el caso Rolex, las muertes en protestas y presuntos aportes ilegales en la campaña de Boluarte.

Expertos como el constitucionalista Luciano López advierten que esta demanda estaría usando de forma equivocada la vía competencial, que fue creada para conflictos entre instituciones del Estado, no para proteger al presidente. En cambio, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, defiende la medida como una forma de corregir lo que considera una mala interpretación de la ley por parte de la Fiscalía.

Durante la ceremonia por el 29° aniversario del TC, donde estuvo presente la presidenta Boluarte, Luz Pacheco aseguró que el tribunal actúa con independencia y sin presiones políticas. “No buscamos contentar a todos, sino al país”, dijo.

Al evento también asistieron la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera, quien respaldó el retorno de Patricia Benavides. Ambas evitaron dar declaraciones. “Se saludaron con cortesía”, contó Pacheco, pero el silencio marcó la jornada.

La expectativa crece. La decisión del TC no solo podría detener las investigaciones contra Boluarte, sino también redefinir los límites del control fiscal sobre el poder presidencial.