En la zona de los Conchucos, la campaña electoral ya empezó. Aún sin una convocatoria oficial a elecciones regionales y municipales, el panorama ya se encuentra saturado por una desmesurada y prematura campaña electoral que parece desafíar la legalidad y la transparencia.
Lo que debería ser un periodo de calma y preparación democrática se ha convertido en un escenario de gasto desmedido, propaganda invasiva y dudas sobre el origen del dinero.
Muros, fachadas e incluso formaciones rocosas han sido copadas por pintas políticas de precandidatos, muchos de ellos autoridades en funciones. El alquiler de una pared puede costar entre S/ 300 y S/ 500, y la presencia de estas pintas en casi todo el corredor de Conchucos dispara una pregunta inevitable: ¿de dónde salen los fondos para financiar campañas millonarias antes incluso de ser candidatos formales?
A esto se suman festivales musicales con artistas de renombre que, más que celebraciones culturales, parecen plataformas políticas anticipadas. La mayoría de estos eventos se concentran en zonas con abundante canon minero, y no son pocos los que aspiran a dar el salto de un cargo distrital a uno provincial o regional.
La magnitud de estos gastos exhibe indicios preocupantes de posible lavado de activos. Resulta inverosímil justificar tales desembolsos con los salarios de las autoridades o atribuirlos únicamente a generosos aportes privados sin cuestionar qué favores podrían esperarse a cambio. Por ello, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones deberían actuar de oficio, fiscalizando estos gastos anticipados para dar transparencia al proceso y despejar toda sospecha.
Otro flanco de vulnerabilidad democrática es el previsible uso de “votos golondrinos”. Es fundamental que la información del padrón electoral sea rigurosamente cotejada con los datos que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recabará en los próximos censos nacionales. No se necesita ser adivino para anticipar que, una vez más, la migración fraudulenta de electores buscará inclinar artificialmente la balanza en esta zona, donde dicha práctica es endémica.
La integridad de los comicios está en juego. Este llamado no es de confrontación, sino de compromiso: corresponde a nuestras instituciones tutelares, como el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público, reforzar la vigilancia y las acciones preventivas para que las elecciones del 2026 se desarrollen en un marco de integridad, equidad y justicia, libres de la sombra de la impunidad.
