Octavo retiro AFP ya es ley: afiliados podrán disponer hasta 4 UIT y reglamento saldrá en 30 días

La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que autoriza el octavo retiro facultativo de fondos de las AFP, con lo cual los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán disponer hasta 4 UIT (S/21.400) de sus cuentas individuales. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano y ahora queda en manos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobar el reglamento operativo en un plazo máximo de 30 días.

Según la ley, los aportantes tendrán 90 días posteriores a la vigencia del reglamento para presentar su solicitud, ya sea de manera física o virtual. El desembolso se realizará en cuatro armadas de 1 UIT (S/5.350) cada una, con intervalos de 30 días calendario entre cada pago. Así, un primer retiro podría empezar en noviembre, según estimaciones de expertos.

La norma también precisa que los afiliados podrán desistir de continuar con los retiros, siempre que avisen a su AFP con al menos 10 días de anticipación al desembolso programado. Además, se mantiene la condición de intangibilidad del dinero retirado, excepto en casos de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% del monto.

El dispositivo legal incluye además la derogatoria de disposiciones de la cuestionada reforma de pensiones: se elimina el aporte obligatorio de trabajadores independientes y se restituye el derecho de retiro del 95,5 % de los fondos al jubilarse, beneficio especialmente para afiliados menores de 40 años.

Impacto y debate

El octavo retiro llega tras semanas de presión social y protestas, y representa una medida de alivio económico para millones de afiliados. Sin embargo, especialistas advierten riesgos: la salida masiva de capital podría reducir las pensiones futuras y debilitar los fondos previsionales, que ya acumulan más de S/115 mil millones retirados en procesos anteriores.

Mientras el Gobierno defiende la medida como respuesta a la demanda ciudadana, el Banco Central de Reserva (BCR) y gremios empresariales advierten que podría afectar el ahorro interno y la sostenibilidad del sistema privado de pensiones.