Áncash: más de 3 mil niños viven sin apoyo del Estado, según la Defensoría del Pueblo

El jefe de la Defensoría del Pueblo en Áncash, Luis García, informó que a través del programa “Rompiendo Cadenas” se ha identificado a más de 3,000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que actualmente no reciben apoyo del Estado.

Según explicó, esta iniciativa busca que los menores accedan a los programas sociales y beneficios públicos disponibles, garantizando su protección y evitando que queden fuera del sistema de atención estatal.

“En Áncash tenemos aproximadamente 3,041 casos identificados. El propósito es que estos niños y adolescentes tengan acceso prioritario a los programas sociales y a todas las facilidades que brinda el Estado”, señaló García.

Consejo Regional y articulación con autoridades

El representante de la Defensoría del Pueblo destacó que en Áncash ya se ha instalado el Consejo Regional de Coordinación y los consejos provinciales del programa “Rompiendo Cadenas”, con la participación de diversas instituciones.

Entre las entidades involucradas se encuentran el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y las municipalidades provinciales, que se encargan de coordinar las acciones de identificación y seguimiento de casos.

“Este trabajo no busca protagonismo, sino articulación. Queremos una sociedad con mejor calidad de vida y niños que se sientan protegidos por el Estado”, afirmó el defensor.

Hijos de reos y menores huérfanos entre los principales casos

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, uno de los segmentos más vulnerables detectados corresponde a los hijos de personas privadas de libertad.
El programa busca garantizar que estos menores cuenten con DNI, cobertura de salud, acceso a educación y programas sociales, ya que muchos viven bajo el cuidado de familiares adultos mayores que tampoco reciben apoyo del Estado.

Además, se han identificado otros grupos prioritarios como hijos huérfanos por violencia familiar y menores que perdieron a sus padres durante la pandemia de la COVID-19.

“Queremos romper esa cadena que condena a los niños al abandono o a repetir historias de violencia. Si el Estado los protege, tendrán oportunidades y una vida distinta”, expresó García.

Seguimiento y acompañamiento

El defensor indicó que el programa ya se encuentra en marcha y que los casos identificados serán derivados a las autoridades competentes para su atención.
El objetivo es que los menores puedan incorporarse a programas como Qali Warma, Juntos, Pensión 65 o el Seguro Integral de Salud (SIS), según su condición.

La Defensoría del Pueblo también realiza acciones de supervisión y acompañamiento a los casos de desprotección infantil en coordinación con las Unidades de Protección Especial (UPE) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.