Investigación revela rechazo ciudadano a minería ilegal o informal

La minería ilegal es vista por la mayoría de los peruanos como una actividad violenta, destructiva y vinculada a redes criminales. Así lo muestra un estudio del Centro Wiñaq basado en encuestas y grupos focales de Datum realizados en el norte, sur y Lima. Según el informe, además, la población percibe un fuerte impacto en el medio ambiente, en la seguridad y en la salud pública. 

La posición mayoritaria de la población, con un 51%, respalda la decisión de poner un último plazo para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mientras que un 34 % rechaza cualquier nuevo plazo y cree que esas operaciones deben ser clausuradas.

El estudio también encontró que el respaldo político a la minería informal tiene un costo electoral. En su mayoría, los votantes asocian ese apoyo con la corrupción y la influencia de intereses ilegales. Más del 70 % considera que la minería ilegal influye negativamente en el Parlamento y un porcentaje similar cree que el congreso recibe dinero de los mineros ilegales.

Aun así, se han presentado tres proyectos de ley en el Congreso que buscan ampliar nuevamente el Reinfo, incluso hasta el 2029. Ciertos legisladores promueven estas iniciativas pese a que la población percibe a la minería ilegal como un problema que genera graves daños al país. A los congresistas no parece importarles el daño que ocasiona esa actividad. 

En el estudio se señala que los congresistas sobreestiman el apoyo ciudadano a la minería informal o ilegal y subestiman el desgaste político que genera defenderla. Para la mayoría, este tipo de minería sigue siendo una de las principales amenazas a la seguridad, la democracia y el medio ambiente.

Pocos congresistas se oponen a ampliar la vigencia del Reinfo, entre ellas la legisladora Diana Gonzales, quien cuestionó que representantes de los ministerios de Agricultura y Ambiente guarden silencio sobre este tema.

Observó también que la Comisión de Energía y Minas del Congreso pretenda priorizar la propuesta para prorrogar el Reinfo por un año más y reincorporar 50 mil mineros que no completaron su formalización hasta junio, en vez de debatir la nueva Ley MAPE.