Editorial | “A toda máquina”, pero con agua contaminada: el gobierno que posterga la emergencia del Casca

En los últimos días, mientras miles de ciudadanos en Áncash esperan respuestas concretas frente a una crisis ambiental que amenaza su acceso al agua, el presidente de la República aparece en redes sociales acumulando “likes”, selfies y videos de cercanía. La imagen es potente, pero también reveladora: un gobierno que no escatima en comunicar con “eficacia”, pero que posterga decisiones urgentes, incluso aquellas que él mismo prometió asumir en su visita al territorio.

La desconexión no es menor. El pasado 26 de noviembre, durante una visita oficial a Huaraz, el presidente José Jerí asumió públicamente el compromiso de instruir a los ministerios competentes —en particular al Ministerio del Ambiente (MINAM)— para atender la grave contaminación del agua del río Casca, una situación que hoy pone en riesgo la salud y el abastecimiento de alrededor de 18 mil pobladores. Han pasado las semanas y aquella promesa sigue sin traducirse en una acción concreta.

Lo que se espera no es un favor ni un gesto político, sino una Declaratoria de Emergencia. Un instrumento legal indispensable que permitiría a los gobiernos locales directamente afectados y al Gobierno Regional de Áncash reestructurar presupuestos e iniciar de inmediato medidas de contingencia. Sin esa firma, las manos siguen atadas mientras el problema se agrava.

Hoy, siete Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) permanecen a la espera. Los informes técnicos, elaborados conforme a los protocolos exigidos, ya fueron elevados. Sin embargo, reposan sin respuesta en despachos de Lima. La inacción del Ejecutivo contrasta con la urgencia que se vive en el territorio, donde la contaminación del agua ya no es una hipótesis futura, sino una amenaza presente.

Paradójicamente, la solución técnica ya existe y es local. En el ámbito regional se ha logrado una articulación poco común entre instituciones como INAIGEM, la UNASAM, el Gobierno Regional (a través de sus gerencias competentes), el SERNANP, equipos técnicos municipales y las propias comunidades afectadas. Se ha elaborado un plan de contingencia con metrados y presupuestos definidos. Incluso, los propios pobladores han ofrecido su mano de obra no calificada como muestra de compromiso y urgencia. Aquí no falta capacidad ni voluntad; falta decisión política desde el Ejecutivo.

La paciencia, sin embargo, tiene límites. La situación en Huaraz y zonas aledañas empieza a tensarse peligrosamente, y se suma a un clima nacional de malestar que ya se expresa en anuncios de movilizaciones. Ignorar estos focos no los disuelve; los acumula.

Gobernar no es centrarse en administrar la imagen ni sostener una narrativa digital permanente. Gobernar es decidir, especialmente cuando las decisiones son incómodas pero urgentes. El país no necesita más promesas ni más videos; necesita que las promesas hechas se cumplan.

La firma de la Declaratoria de Emergencia no es un gesto simbólico: es una responsabilidad de Estado. Cada día que pasa sin ella profundiza el riesgo sanitario, social y político. El agua no espera, y Áncash tampoco.