Ha tenido que hacerse viral la imagen de una joven madre dando a luz en un pasillo del hospital de Yungay para que la opinión pública vuelva a enfrentar una verdad incómoda: la desatención en la salud pública ya no es una excepción, sino una práctica que se ha ido normalizando peligrosamente. No se trató solo de un parto fuera de un ambiente adecuado, sino de una emergencia atendida tarde y en condiciones indignas dentro de un establecimiento que debía estar preparado para responder.
El problema no fue el pasillo: fue la ausencia del Estado en el momento más crítico.
Cuando una mujer da a luz sola en un hospital público, la falla no es únicamente médica. Es institucional, ética y profundamente humana. El pasillo es el síntoma visible de un sistema que no reaccionó a tiempo.
Este caso vuelve a evidenciar una contradicción recurrente en el sector salud: se inauguran hospitales, se anuncia infraestructura moderna y se habla de mejoras, pero el trato humano y la respuesta oportuna siguen quedando relegados. En Yungay no fallaron los muros ni los equipos, falló la organización del recurso humano, la supervisión efectiva y la capacidad de actuar ante una emergencia obstétrica, donde cada minuto es determinante.
Resulta indignante constatar que, aun existiendo personal asignado para cubrir la atención, el servicio no haya funcionado como correspondía en un momento crítico. Más grave aún es la debilidad del nivel directivo, cuya responsabilidad es garantizar que los turnos se cumplan y que los protocolos no queden solo en el papel. La desatención no ocurre de la nada: se construye cuando el control es débil y la exigencia institucional se diluye.
Lo ocurrido en Yungay no debe leerse como un error aislado. Es una alerta. Durante años, muchos ciudadanos han normalizado esperas interminables, respuestas tardías, maltratos y una atención marcada por la indiferencia. Esa normalización es, quizás, el problema más grave: la indignación solo aparece cuando hay un video, una denuncia pública o presión en redes sociales.
Los anuncios administrativos, los cambios de personal o los comunicados de ocasión ya no bastan. Este episodio exige una revisión profunda y honesta de cómo se están brindando los servicios de salud, especialmente en turnos críticos. La calidad de la atención no se mide solo en procedimientos, sino en empatía, diligencia y respeto por la dignidad humana.
En este caso, las redes sociales han cumplido un rol fiscalizador que antes no existía. Lo que antes se ocultaba bajo el silencio burocrático, hoy se expone y obliga a reaccionar. Pero la verdadera responsabilidad empieza después del escándalo: corregir las fallas estructurales que permitieron que esto ocurra.
La salud pública no puede reducirse a cifras, infraestructura o discursos. Es un derecho que debe ejercerse con humanidad. Mientras la desatención siga normalizándose, escenas como la de Yungay seguirán repitiéndose. Y cada una de ellas será una evidencia más de que el problema no es el pasillo, sino la ausencia del Estado donde más se le necesita.